El Govern de la Generalitat de Catalunya aprueba modificaciones técnicas en el impuesto sobre el patrimonio para equipararlo con el nuevo tributo del Estado a las grandes fortunas.
Estos cambios, que tienen una vigencia de dos años, permiten que la recaudación por este impuesto se quede en Catalunya, en vez de hacerlo en la Hacienda española.

El Govern aprobó, el pasado 20 de diciembre, un decreto ley que introduce modificaciones en el impuesto sobre patrimonio para equipararlo al nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas promovido por el Estado.
Estas modificaciones, de carácter técnico, serán temporales. Su vigencia estará vinculada a la existencia del nuevo impuesto estatal, que inicialmente tiene una duración prevista de dos años. Las modificaciones planteadas en el decreto ley, por lo tanto, también serán válidas durante dos años.

Si no se realizaran estas modificaciones, la Generalitat de Catalunya podría perder recaudación en favor del Estado. El objetivo de los cambios, en consecuencia, es ajustar las tarifas para que la Agencia Tributaria de Catalunya no se quede sin unos ingresos que irían a parar a la Hacienda española.

Se prevé que el Estado apruebe el nuevo impuesto a las grandes fortunas con efectos sobre los patrimonios de este mismo 2022. Dado que se quiere coordinar las modificaciones del impuesto sobre el patrimonio con el nuevo tributo estatal, hace falta que los cambios se apliquen antes de que acabe el año. Esto impide, por lo tanto, que los cambios se puedan efectuar por la vía ordinaria de una ley.

La nueva tarifa del impuesto que se propone implica crear un nuevo tramo a partir de los 20 millones de euros de patrimonio que estará grabado con un tipo del 3,48%. Esto generará para la Generalitat una recaudación de 12 millones de euros que, en caso contrario, los contribuyentes afectados pagarían a la Hacienda española.

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