Mecanismo de segunda oportunidad y reducción de la carga financiera

By Published On: 19/03/2015Categories: af-blog

El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, con efectos desde el pasado 1 de marzo de 2015, incluye un serie de medidas para permitir que las familias y empresas reduzcan su carga financiera, destinadas a quienes se encuentran en una situación más cercana a la insolvencia por sus circunstancias económicas y sociales de vulnerabilidad, sean PYMES y autónomos, o personas físicas en general.

A continuación, analizamos algunas de las principales medidas que creemos pueden ser de su interés.

Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual

Por un lado, se mejora el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, del que ya se han beneficiado cerca de 14.000 familias.

De forma resumida, las reformas introducidas son las siguientes:

• Se incrementa el conjunto de los ingresos de la unidad familiar el cual no podrá superar el límite de tres veces el IPREM anual de 14 pagas (anteriormente no debían disponer de ningún tipo de ingreso) e incluye al deudor mayor de 60 años aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar.

• Se modifica también el límite de la cuota hipotecaria que deberá resultar superior al 50% (antes debía ser superior al 60%) de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Las entidades bancarias que se adhirieron al Código de Buenas Prácticas se entenderán que continúan adheridas si en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley no solicitan su exclusión de forma expresa.

• Se introduce una nueva forma de cálculo del límite del precio de los bienes inmuebles adquiridos, según el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que arroje el Índice de Precios de la Vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento para el año de adquisición del bien inmueble y la provincia en que esté radicada dicho bien, con un límite absoluto de 300.000 euros (o 250.000 € para la dación en pago).

• Adicionalmente, se introduce la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo de aquellos deudores situados en el nuevo umbral de exclusión que las tuvieran incluidas en sus contratos.

Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables

Por último, la modificación amplía por un plazo adicional de dos años (hasta 2017) la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales (cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor) de colectivos especialmente vulnerables.

A efectos de esta modificación, se entienden por colectivos especialmente vulnerables los siguientes:

• Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
• Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
• Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.
• Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
• Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
• Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad (es decir, hasta los tíos o sobrinos propios o del cónyuge), y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
• Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual.
• El deudor mayor de 60 años.

Por otro lado, y centrándonos en las novedades introducidas en el ámbito concursal, las reformas se centran en el acuerdo extrajudicial de pagos y en la llamada “segunda oportunidad”.

Acuerdos extrajudiciales de pagos

En primer lugar, se propone flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pagos, y prever un verdadero mecanismo de segunda oportunidad.

Como elementos principales del nuevo régimen están la ampliación de su ámbito de aplicación a las personas físicas no empresarios, regulándose además un procedimiento simplificado para éstas (en este caso, las actuaciones de negociación las realiza el notario, salvo que estimase conveniente la designación de mediador concursal) y la potenciación de la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, si se trata de personas naturales no empresarios.

Además, se pueden destacar las siguientes novedades:

• Paralización de ejecuciones de garantías reales sobre bienes necesarios: se introduce la diferenciación entre ejecución de bienes necesarios o no para la actividad profesional o empresarial o vivienda habitual. Así, si la garantía no recae sobre estos, el acreedor podrá ejecutar. Por el contrario, si se trata de un bien o derecho necesario o la vivienda habitual, el acreedor podrá iniciar la ejecución pero la misma quedará paralizada.

• Ampliación del contenido de las propuestas conforme a los límites introducidos por el RD Ley 11/2014 en el convenio: se amplía el contenido de la propuesta de acuerdo extrajudicial pudiendo contener esperas no superiores a diez años, quitas (sin señalar límite) y cesiones de bienes o derechos a los acreedores en pago o para el pago de la totalidad de sus créditos. Para el caso de PYMES o empresarios se prevé también la conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora o en préstamos participativos por un plazo máximo de 10 años, obligaciones convertibles o préstamos subordinados, con intereses capitalizables o cualquier otro instrumento financiero.

• Posibilidad de convenio o liquidación en el concurso consecutivo: se elimina la obligación de liquidación del deudor en caso de concurso consecutivo por incumplimiento del acuerdo extrajudicial.

Segunda oportunidad

Como novedad fundamental, se instaura un régimen de exoneración de deudas (quita) para los deudores persona física en caso de liquidación o insuficiencia de masa activa en concurso en el marco del procedimiento concursal, que tiene dos pilares fundamentales: que el deudor sea de buena de fe y que se liquide previamente su patrimonio (o que se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa).

El mecanismo de segunda oportunidad pretende establecer controles y garantías en aras a evitar insolvencias estratégicas o daciones en pago selectivas. Así, el deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa.

Para ello, deberán concurrir una serie de requisitos:

• Que el deudor sea de buena fe, esto es, que no se declare el concurso culpable y que el deudor no haya sido condenado por sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social en los diez años anteriores a la declaración del concurso.
• Que haya celebrado (o intentado celebrar) un acuerdo extrajudicial de pagos.
• Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los privilegiados y, si no hubiera intentado el acuerdo extrajudicial de pagos previo, haya abonado al menos, el 25% de los créditos ordinarios.
• Y, además, alternativamente acepte someterse a un plan de pagos; no haya incumplido con sus obligaciones de colaboración; no haya obtenido este beneficio en los últimos 10 años; no haya rechazado en los últimos 4 años anteriores a la declaración del concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad; y acepte de forma expresa que dicha resolución de exoneración se hará constar en el Registro Público Concursal.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que nunca se perdonarán los créditos privilegiados con Hacienda y la Seguridad Social, ni las deudas por alimentos derivadas de sentencia de divorcio.

En caso que tengan alguna duda al respecto del contenido de este post, les recordamos que pueden ponerse en contacto con Estudi Jurídic Sánchez & De Canals.

Publicado por Andrea Serrano

El Reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, amb efectes des del passat 1 de març de 2015, inclou un seguit de mesures per permetre que les famílies i empreses redueixin la seva càrrega financera, destinades als que es troben en una situació més propera a la insolvència per les seves circumstàncies econòmiques i socials de vulnerabilitat, siguin PIMES i autònoms, o persones físiques en general.
A continuació, analitzem algunes de les principals mesures que creiem poden ser del seu interès.

Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual

En aquest sentit, es millora el «Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual», introduït pel Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, del qual ja s’han beneficiat prop de 14.000 famílies.
De manera resumida, les reformes introduïdes són les següents:

• S’incrementa el conjunt dels ingressos de la unitat familiar el qual no podrà superar el límit de tres vegades l’IPREM anual de 14 pagues (anteriorment no havien de disposar de cap tipus d’ingrés) i inclou al deutor major de 60 anys encara que no reuneixi els requisits per a ser considerat unitat familiar.

• Es modifica també el límit de la quota hipotecària que ha de resultar superior al 50% (abans havia de ser superior al 60%) dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. Les entitats bancàries que es van adherir al Codi de Bones Pràctiques s’entendrà que hi continuen adherides si en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del Reial decret llei no en sol•liciten la seva exclusió de forma expressa.

• S’introdueix una nova forma de càlcul del límit del preu dels béns immobles adquirits, segons el preu mitjà per metre quadrat per a habitatge lliure que indiqui l’Índex de Preus de l’Habitatge elaborat pel Ministeri de Foment per a l’any d’adquisició del bé immoble i la província en què estigui radicada dit bé, amb un límit absolut de 300.000 euros (o 250.000 € per la dació en pagament).

• Addicionalment, s’introdueix la inaplicació definitiva de les clàusules sòl d’aquells deutors situats en el nou llindar d’exclusió que les tinguessin incloses en els seus contractes.

Suspensió dels llançaments sobre habitatges habituals de col•lectius especialment vulnerables

Finalment, la modificació amplia per un termini addicional de dos anys (fins 2017) la suspensió dels llançaments sobre habitatges habituals (quan en un procés judicial o extrajudicial d’execució hipotecària s’hagués adjudicat al creditor) de col•lectius especialment vulnerables.

A efectes d’aquesta modificació, s’entenen per col•lectius especialment vulnerables els següents:

• Família nombrosa, de conformitat amb la legislació vigent.
• Unitat familiar monoparental amb dos fills a càrrec.
• Unitat familiar de la qual formi part un menor de tres anys.
• Unitat familiar en la qual algun dels seus membres tingui declarada discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral.
• Unitat familiar en la qual el deutor hipotecari es trobi en situació d’atur i hagi esgotat les prestacions per desocupació.
• Unitat familiar amb la qual convisquin, en el mateix habitatge, una o més persones que estiguin unides amb el titular de la hipoteca o el seu cònjuge per vincle de parentiu fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat (tiets i nebots propis o del cònjuge), i que es trobin en situació personal de discapacitat, dependència, malaltia greu que els incapaciti acreditadament de forma temporal o permanent per realitzar una activitat laboral.
• Unitat familiar en què hi hagi una víctima de violència de gènere, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, en el cas que l’habitatge objecte de llançament constitueixi el seu domicili habitual.
• El deutor major de 60 anys.
D’altra banda, i centrant-nos en les novetats introduïdes en l’àmbit concursal, les reformes se centren en l’acord extrajudicial de pagaments i en l’anomenada «segona oportunitat».

Acords extrajudicials de pagaments

En primer lloc, es proposa flexibilitzar els acords extrajudicials de pagaments, i preveure un veritable mecanisme de segona oportunitat.
Com a elements principals del nou règim estan l’ampliació del seu àmbit d’aplicació a les persones físiques no empresaris, regulant-se a més un procediment simplificat per a aquestes (en aquest cas, les actuacions de negociació les realitza el notari, llevat que estimés convenient la designació de mediador concursal) i la potenciació de la figura del mediador concursal, introduint la possibilitat que actuïn com a tal les Cambres de Comerç, Indústria, Navegació i Serveis, si el deutor és empresari, o els notaris, si es tracta de persones naturals no empresaris.

A més, es poden destacar les següents novetats:

• Paralització d’execucions de garanties reals sobre béns necessaris: s’introdueix la diferenciació entre execució de béns necessaris o no per a l’activitat professional o empresarial o habitatge habitual. Així, si la garantia no recau sobre aquests, el creditor pot executar. Per contra, si es tracta d’un bé o dret necessari o l’habitatge habitual, el creditor podrà iniciar l’execució però la mateixa quedarà paralitzada.
• Ampliació del contingut de les propostes d’acord amb els límits introduïts pel RD Llei 11/2014 en el conveni: s’amplia el contingut de la proposta d’acord extrajudicial pot contenir esperes no superiors a deu anys, treus (sense assenyalar límit) i cessions de béns o drets als creditors en pagament o per al pagament de la totalitat dels seus crèdits. Per al cas de PIMES o empresaris es preveu també la conversió de deute en accions o participacions de la societat deutora o en préstecs participatius per un termini màxim de 10 anys, obligacions convertibles o préstecs subordinats, amb interessos capitalitzables o qualsevol altre instrument financer.
• Possibilitat de conveni o liquidació al concurs consecutiu: s’elimina l’obligació de liquidació del deutor en cas de concurs consecutiu per incompliment de l’acord extrajudicial.

Segona oportunitat

Com a novetat fonamental, s’instaura un règim d’exoneració de deutes per als deutors persona física en cas de liquidació o insuficiència de massa activa en concurs en el marc del procediment concursal, que té dos pilars fonamentals: que el deutor sigui de bona de fe i que es liquidi prèviament el seu patrimoni (o que es declari la conclusió del concurs per insuficiència de massa).

El mecanisme de segona oportunitat pretén establir controls i garanties a fi d’evitar insolvències estratègiques o dacions en pagament selectives. Així, el deutor persona natural podrà obtenir el benefici de l’exoneració del passiu insatisfet una vegada conclòs el concurs per liquidació o per insuficiència de la massa activa.

Per a això, hauran de concórrer una sèrie de requisits:

• Que el deutor sigui de bona fe, és a dir, que no es declari el concurs culpable i que el deutor no hagi estat condemnat per sentència ferma per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, falsedat documental, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social en els deu anys anteriors a la declaració del concurs.
• Que hi hagi celebrat (o intentat celebrar) un acord extrajudicial de pagaments.
• Que hi hagi satisfet íntegrament els crèdits contra la massa, els privilegiats i, si no hagués intentat l’acord extrajudicial de pagaments previ, hagi abonat almenys, el 25% dels crèdits ordinaris.
• I, a més, alternativament accepti sotmetre a un pla de pagaments; no hagi incomplert les seves obligacions de col•laboració; no hagi obtingut aquest benefici en els últims 10 anys; no hagi rebutjat en els últims 4 anys anteriors a la declaració del concurs una oferta d’ocupació adequada a la seva capacitat; i accepti de forma expressa que la resolució d’exoneració s’ha de fer constar en el Registre Públic Concursal.

No obstant això, cal tenir en compte que mai es perdonaran els crèdits privilegiats amb Hisenda i la Seguretat Social, ni els deutes per aliments derivats de sentència de divorci.

En cas que tinguin algun dubte al respecte del contingut d’aquest post, els recordem que poden posar-se en contacte amb Estudi Jurídic Sánchez & De Canals.

Publicat per Andrea Serrano

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