En el BOE de ayer se publicó el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, que entra en vigor a partir de mañana y en el que se recoge un paquete de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, siendo la medida más controvertida la habilitación de los días 11 a 31 de agosto como días hábiles en el ámbito judicial.
El Real Decreto-Ley 16/2020 aborda las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para la paulatina vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales tras el confinamiento, teniendo como principal prioridad la salud de los funcionarios de la administración de justicia y de los profesionales que desarrollan su labor en este ámbito.
Asimismo, con la aprobación de esta normativa se trata de hacer frente al previsible incremento de asuntos en los órganos judiciales y pretende intentar superar el colapso judicial generado por la crisis del coronavirus desde que, con la declaración del estado de alarma, se suspendió toda la actividad judicial (salvo los servicios esenciales como protección de menores o violencia de género) y se paralizaron los plazos procesales.
En esta Newsletter explicaremos las medidas más relevantes adoptadas por el Real Decreto-ley 16/2020.

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA:
El 28 de abril el Gobierno aprobó un nuevo paquete de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la crisis causada por el coronavirus en el ámbito de la Administración de Justicia que entran en vigor hoy, 30 de abril, y cuya vigencia es de tres (3) meses.

Asimismo, lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 16/2020 será también de aplicación a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir de su entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de iniciación del proceso en que se produzcan, salvo aquellas que tengan un plazo determinado en el propio real decreto-ley.

MEDIDAS PARA RECUPERAR LA ACTIVIDAD JUDICIAL:
Este bloque tiene como finalidad sobreponerse de la suspensión de prácticamente toda la actividad judicial desde la entrada en vigor del estado de alarma, contemplándose las siguientes medidas:

1. Posibilidad de convertir órganos judiciales en órganos asociados temporalmente a los asuntos derivados de la crisis del Covid-19.

2. Habilitación de los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto (con la excepción de sábados, domingos y festivos), en los ámbitos judiciales en que dichos días sean inhábiles.

Dicha medida se ha tomado haciendo caso omiso a las propuestas realizadas por varios operadores jurídicos, incluso los propios funcionarios de justicia, de concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la Justicia en el mes de agosto, de modo que pudiera desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento los meses de julio y septiembre.

3. Permitir que los Jueces de Adscripción Territorial (jueces de carrera que actúan como refuerzo o cubren vacantes y ausencias en juzgados y tribunales) puedan ser asignados preferentemente a los asuntos derivados de la pandemia.

4. Habilitar a los letrados de la administración de Justicia en prácticas, aquellos que han aprobado la oposición, pero todavía no se han incorporado como titulares a los juzgados, a que realicen labores de sustitución y refuerzo.

5. Posibilidad de que los funcionarios de cada juzgado, tribunal o fiscalía desempeñen sus funciones en otra unidad de la misma localidad y el mismo orden jurisdiccional.

MEDIDAS PROCESALES:
La finalidad de las medidas aprobadas en este bloque es la de evitar confusiones en el cómputo de plazos tras el estado de alarma y atender al incremento de asuntos en determinados ámbitos. Dichas medidas son:

1. Los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos con la declaración del estado de alarma volverán a computarse desde su inicio (es decir, desde cero), siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente día hábil a aquél en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.

Aun cuando no se especifica en el Real Decreto-Ley 16/2020, en principio, se reiniciarán el día hábil siguiente al cese el estado de alarma, salvo que se disponga otra cosa en eventuales prórrogas adicionales del mismo.

2. El plazo para los trámites de los recursos contra sentencias y demás resoluciones que pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante el estado de alarma o en los 20 días siguientes a su finalización, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para su trámite (ya sea anuncio, preparación, formalización o interposición) en su correspondiente ley reguladora.

3. Se regula un procedimiento especial, preferente y sumario para cuestiones de familia derivadas de la pandemia, relativas a regímenes de visitas o custodias compartidas no disfrutadas (estableciéndose en este caso un sistema de compensación), así como a ajustes en las pensiones para progenitores en situación de vulnerabilidad por el Covid-19, y se regula asimismo un procedimiento urgente de modificación de medidas, con plazos de tramitación parecidos para las medidas provisionales.

4. En el caso de las demandas presentadas en relación con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), se permite que los que no afecten a más de 5 trabajadores y no alcancen los umbrales del despido colectivo (en particular los de las Pymes) se puedan regir por un proceso más simple y rápido a través de la modalidad procesal del conflicto colectivo, sin privar al trabajador del derecho a impugnarlo de manera individual. Los sujetos legitimados para interponer dicha demanda son tanto los representantes de los trabajadores como las comisiones representativas elegidas conforme a la normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del COVID-19 en relación con los ERTEs.

5. Se introduce una disposición para que el Registro Civil no tenga que tramitar de nuevo los expedientes de matrimonio ya tramitados y suspendidos por el confinamiento, con la voluntad de que las personas que hayan planificado su boda y no hayan podido celebrarla no se enfrenten a nuevos retrasos.

Asimismo, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización se ampliará a cinco días naturales el plazo de 72 horas para que la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comuniquen a la Oficina del Registro Civil los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario.

Por último, se modifica y amplía la vacatio legis de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, hasta el 30 de abril de 2021.

6. Se establece que desde el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales y hasta el 31 de diciembre de 2020, se tramitarán con carácter preferente los procedimientos indicados a continuación:

En el ámbito civil:

a. Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las medidas paterno filiales del artículo 158 del Código Civil, así como el procedimiento especial y sumario en materia de derecho de familia como consecuencia del COVID-19.
b. Los procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad económica.
c. Los procesos derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato.
d. Los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales y que no tengan la condición de empresarios.

En el ámbito contencioso-administrativo, los recursos contra las administraciones por la denegación de ayudas para paliar los efectos económicos del Covid-19.

Por último, en el ámbito social, determinados procedimientos tales como los procesos por despido o extinción de contrato, los derivados de los permisos retribuidos recuperables, los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA, los procedimientos para la impugnación de los ERTE COVID-19 y los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia.

MEDIDAS CONCURSALES:
Mediante este paquete de medidas se quiere hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil. Estas medidas tienen una triple finalidad:

i. En primer lugar, mantener la continuidad económica de las empresas y de los profesionales y autónomos que, con anterioridad al estado de alarma, venían cumpliendo sus obligaciones derivadas de un convenio o un acuerdo extrajudicial o de refinanciación.
ii. Asimismo se busca potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez.
iii. Por último, se pretende evitar el colapso de los juzgados de lo Mercantil debido a la gran afluencia de casos que se espera tras la reanudación de los plazos procesales.

Las medidas más relevantes son:

1. Se recupera la figura del reconvenio. Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, se permitirá al deudor solicitar la modificación del convenio que esté en período de cumplimiento (reconvenio). El procedimiento y régimen de mayorías serán los mismos que los previstos para la aprobación del convenio originario, si bien su tramitación será siempre escrita.

El reconvenio no afectará a créditos nacidos tras la aprobación del convenio ni a los acreedores privilegiados, salvo que lo apoyen expresamente.

En los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, se trasladarán al deudor las solicitudes de incumplimiento de convenio que se presenten para darle la oportunidad de formular un reconvenio, cuya tramitación tendría preferencia sobre aquéllas.

Estas mismas reglas se aplicarán a los acuerdos extrajudiciales de pago.

2. Se aplaza durante un año desde la declaración del estado de alarma el deber del deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que conozca la imposibilidad de poder cumplir el convenio aprobado o las obligaciones adquiridas después, a solicitar la liquidación, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio. Sin embargo, si el deudor ya hubiera solicitado la apertura de la liquidación durante el estado de alarma, no se proveerá dicha petición en caso de que presente una propuesta de reconvenio.

Durante el año que sigue a la declaración del estado de alarma, el juzgado no acordará la apertura de la liquidación, aunque el acreedor acredite algún hecho de los que puedan fundamentar la declaración de concurso.

Si se incumpliera el convenio o reconvenio aprobado dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, se considerarán créditos contra la masa los derivados de ingresos de tesorería por financiación o constitución de garantías personales o reales (aunque provengan de personas especialmente relacionadas) que constaran en el convenio o reconvenio.

3. Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, se permite a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado presentar propuesta de modificación o una nueva solicitud sin necesidad de que haya transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.

En los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, se trasladarán al deudor las solicitudes de incumplimiento del acuerdo de refinanciación homologado que se presenten para darle la oportunidad de renegociarlo o negociar uno nuevo, cuya tramitación tendría preferencia sobre aquéllas.

4. Las empresas o autónomos que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta esa misma fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas desde la declaración del estado de alarma.

Durante este tiempo, se admitirá a trámite con preferencia la solicitud de concurso voluntario del deudor, aun cuando fuera de fecha posterior a la de concurso necesario.

5. La financiación que una persona especialmente relacionada conceda al deudor tras la declaración del estado de alarma dará lugar a un crédito ordinario en el concurso que se declare dentro de los dos años siguientes al comienzo de aquel estado. Durante este tiempo, la misma calificación obtendrá el crédito en que se subrogue una persona especialmente relacionada como consecuencia de haber satisfecho un crédito ordinario o privilegiado.

6. En las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores solamente se admitirá prueba documental y pericial –que deberá acompañarse a la demanda o a la contestación– y por regla general no será necesaria la celebración de vista. Se tendrá por allanado al demandado que no conteste a la demanda, excepto al acreedor público.

7. Tendrán tramitación preferente: incidentes laborales; ventas de unidades productivas; propuestas de convenio, reconvenio e incidentes de oposición a la aprobación del convenio; acciones de reintegración; solicitudes de homologación de acuerdos de refinanciación o renegociación de los homologados; medidas cautelares; e incidentes de conservación de la masa activa.

8. Los juzgados aprobarán con inmediatez los planes de liquidación ya presentados y requerirán la urgente presentación de dichos planes en los concursos que estén en fase de liquidación para proceder a su aprobación.

9. Se establece la obligatoriedad de la subasta extrajudicial para liquidar activos concursales, aunque el plan de liquidación dispusiera otra cosa. Sin embargo, en cualquier fase del concurso, las unidades productivas se realizarán a través de cualquier sistema de venta y se estará al procedimiento acordado para aquellos bienes afectos cuya enajenación ya hubiera sido autorizada judicialmente.

10. Dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma, cuando dos mediadores concursales rechacen su designación, a efectos del concurso consecutivo se considerará que el deudor ha intentado sin éxito un acuerdo extrajudicial de pagos.

MEDIDAS SOCIETARIAS:
En este caso, las medidas van dirigidas a la suspensión de la causa de disolución por pérdidas, de tal manera que no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020 a los efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio del deber de solicitar el concurso conforme al Real Decreto-Ley 16/2020 objeto de análisis.

Así, si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada ley, la celebración de junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.

MEDIDAS EN EL ÁMBITO DEL ALQUILER:
1. Se modifican las medidas relacionadas con la moratoria de rentas de alquiler de vivienda habitual que se establecieron en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de tal manera que, el arrendatario de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, podrá solicitar, en el plazo de tres meses desde el 1 de abril de 2020:

a. Cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor (persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2), el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes; y

b. Cuando el arrendador sea una persona distinta de la anteriormente indicada, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario.

2. Para proporcionar cobertura financiera que se precise para atender los gastos de vivienda por parte de los hogares que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19 y que reúnan las condiciones que se establezcan, se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial, por un plazo de hasta catorce años, se desarrolle una línea de avales con total cobertura del Estado, para que las entidades de crédito puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación a dichas personas en las siguientes condiciones:

i. En forma de préstamo finalista, debiendo dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda habitual
ii. Podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta
iii. El plazo de devolución será de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro
iv. En ningún caso devengará ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS:

Como medidas administrativas más destacadas encontramos:

1. Se suspende la causa de disolución de los organismos públicos estatales prevista en el artículo 96.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, consistente en que el organismo en cuestión se encuentre en situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos. Dicha causa de disolución no será de aplicación para las cuentas anuales de los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

2. En relación con los contratos del sector público, se adapta la redacción del artículo 159.4, letras d) y f), de la Ley de Contratos del Sector Público, para sustituir las referencias al “acto público de apertura” por la “apertura del sobre o archivo electrónico”

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS FUNCIONARIOS Y OPERADORES:
Este bloque de medidas recoge las relacionadas con la seguridad en el trabajo y tiene como finalidad evitar nuevos contagios mediante la adopción de las siguientes limitaciones que deberán contemplarse en los juzgados y tribunales durante lo que quede de estado de alarma y en los tres meses posteriores al levantamiento de las medidas excepcionales:

1. Para garantizar la distancia de seguridad y evitar concentraciones de personal se regula la posibilidad de establecer dos turnos de trabajo de mañana y tarde.

2. La atención al público será telefónica o por correo electrónico y solo en caso necesario, presencialmente, pero siempre con cita previa.

3. Los actos procesales y las deliberaciones serán preferentemente con presencia telemática, salvo en la jurisdicción penal, en el que será el juez quien decida, y cuando el acusado se enfrente a una pena de delito grave, situación en la que siempre será necesaria la presencia física del acusado.

4. Se permite ordenar el acceso del público a las salas de vistas en atención a las características y tamaño de las mismas.

5. Se dispensará a los abogados de usar las togas.

6. Las exploraciones de los médicos forenses, siempre que sea posible, se harán a la vista de la documentación médica.

MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL:
En este bloque de medidas, nos encontramos con dos reformas concretas:

1. Habilitar y mejorar el uso de los sistemas de identificación y firma digital en la administración de Justicia.

2. Establecer una obligación general tanto para el Ministerio de Justicia como para las comunidades autónomas con competencias en la materia de garantizar que los sistemas de gestión procesal de los juzgados y tribunales de todas las comunidades autónomas permitan el teletrabajo.

Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

En el BOE d’ahir es va publicar el Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, que entra en vigor a partir de demà i en el qual es recull un paquet de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, sent la mesura més controvertida l’habilitació dels dies 11 a 31 d’agost com a dies hàbils en l’àmbit judicial.
El Reial decret llei 16/2020 aborda les mesures organitzatives, processals i de seguretat laboral més urgents per a la gradual volta a l’activitat dels jutjats i tribunals després del confinament, tenint com a principal prioritat la salut dels funcionaris de l’administració de justícia i dels professionals que desenvolupen la seva labor en aquest àmbit.
Així mateix, amb l’aprovació d’aquesta normativa es tracta de fer front al previsible increment d’assumptes en els òrgans judicials i pretén intentar superar el col·lapse judicial generat per la crisi del coronavirus des que, amb la declaració de l’estat d’alarma, es va suspendre tota l’activitat judicial (excepte els serveis essencials com a protecció de menors o violència de gènere) i es van paralitzar els terminis processals.
En aquesta Newsletter explicarem les mesures més rellevants adoptades pel Reial decret llei 16/2020.
ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA:
El 28 d’abril el Govern va aprovar un nou paquet de mesures processals i organitzatives per a fer front a la crisi causada pel coronavirus en l’àmbit de l’Administració de Justícia que entren en vigor avui, 30 d’abril, i la vigència del qual és de tres (3) mesos.
Així mateix, el que es disposa en el Reial decret llei 16/2020 serà també d’aplicació a totes les actuacions processals que es realitzin a partir de la seva entrada en vigor, qualsevol que sigui la data d’iniciació del procés en què es produeixin, excepte aquelles que tinguin un termini determinat en el propi reial decret llei.

MESURES PER A RECUPERAR L’ACTIVITAT JUDICIAL:
Aquest bloc té com a finalitat sobreposar-se de la suspensió de pràcticament tota l’activitat judicial des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, contemplant-se les següents mesures:
1. Possibilitat de convertir òrgans judicials en òrgans associats temporalment als assumptes derivats de la crisi del *Covid-19.
2. Habilitació dels dies compresos entre l’11 i el 31 d’agost (amb l’excepció de dissabtes, diumenges i festius), en els àmbits judicials en què aquests dies siguin inhàbils.
Aquesta mesura s’ha pres fent cas omís a les propostes realitzades per diversos operadors jurídics, fins i tot els propis funcionaris de justícia, de concentrar el període vacacional de tots els professionals de la Justícia el mes d’agost, de manera que pogués desenvolupar-se l’activitat ordinària a ple rendiment els mesos de juliol i setembre.
3. Permetre que els Jutges d’Adscripció Territorial (jutges de carrera que actuen com a reforç o cobreixen vacants i absències en jutjats i tribunals) puguin ser assignats preferentment als assumptes derivats de la pandèmia.
4. Habilitar als lletrats de l’administració de Justícia en pràctiques, aquells que han aprovat l’oposició, però encara no s’han incorporat com a titulars als jutjats, al fet que realitzin labors de substitució i reforç.
5. Possibilitat que els funcionaris de cada jutjat, tribunal o fiscalia exerceixin les seves funcions en una altra unitat de la mateixa localitat i el mateix ordre jurisdiccional.

MESURES PROCESSALS:
La finalitat de les mesures aprovades en aquest bloc és la d’evitar confusions en el còmput de terminis després de l’estat d’alarma i atendre l’increment d’assumptes en determinats àmbits. Aquestes mesures són:
1. Els terminis processals que haguessin quedat suspesos amb la declaració de l’estat d’alarma tornaran a computar-se des del seu inici (és a dir, des de zero), sent per tant el primer dia del còmput el següent dia hàbil a aquell en el qual deixi de tenir efecte la suspensió del procediment corresponent.
Tot i que no s’especifica en el Reial decret llei 16/2020, en principi, es reiniciaran el dia hàbil següent al cessament l’estat d’alarma, tret que es disposi una altra cosa en eventuals pròrrogues addicionals d’aquest.
2. El termini per als tràmits dels recursos contra sentències i altres resolucions que posin fi al procediment i que siguin notificades durant l’estat d’alarma o en els 20 dies següents a la seva finalització, quedaran ampliats per un termini igual al previst per al seu tràmit (ja sigui anunci, preparació, formalització o interposició) en la seva corresponent llei reguladora.
3. Es regula un procediment especial, preferent i sumari per a qüestions de família derivades de la pandèmia, relatives a règims de visites o custòdies compartides no gaudides (establint-se en aquest cas un sistema de compensació), així com a ajustos en les pensions per a progenitors en situació de vulnerabilitat pel Covid-19, i es regula així mateix un procediment urgent de modificació de mesures, amb terminis de tramitació semblants per a les mesures provisionals.
4. En el cas de les demandes presentades en relació amb els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE), es permet que els que no afectin a més de 5 treballadors i no aconsegueixin els llindars de l’acomiadament col·lectiu (en particular els de les Pimes) es puguin regir per un procés més simple i ràpid a través de la modalitat processal del conflicte col·lectiu, sense privar al treballador del dret a impugnar-lo de manera individual. Els subjectes legitimats per a interposar aquesta demanda són tant els representants dels treballadors com les comissions representatives triades conforme a la normativa laboral dictada per a pal·liar els efectes derivats del *COVID-19 en relació amb els ERTEs.
5. S’introdueix una disposició perquè el Registre Civil no hagi de tramitar de nou els expedients de matrimoni ja tramitats i suspesos pel confinament, amb la voluntat que les persones que hagin planificat les seves noces i no hagin pogut celebrar-la no s’enfrontin a nous retards.
Així mateix, durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització s’ampliarà a cinc dies naturals el termini de 72 hores perquè la direcció d’hospitals, clíniques i establiments sanitaris comuniquin a l’Oficina del Registre Civil els naixements que hagin tingut lloc en el centre sanitari.
Finalment, es modifica i amplia la Vacatio legis de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, fins al 30 d’abril de 2021.
6. S’estableix que des de l’aixecament de la suspensió dels terminis processals i fins al 31 de desembre de 2020, es tramitaran amb caràcter preferent els procediments indicats a continuació:
En l’àmbit civil:
a. Els processos o expedients de jurisdicció voluntària en els quals s’adoptin les mesures patern filials de l’article 158 del Codi Civil, així com el procediment especial i sumari en matèria de dret de família a conseqüència del COVID-19.
b. Els processos derivats de la falta de reconeixement per l’entitat creditora de la moratòria legal en les hipoteques d’habitatge habitual i d’immobles afectes a l’activitat econòmica.
c. Els processos derivats de qualssevol reclamacions que poguessin plantejar els arrendataris per falta d’aplicació de la moratòria prevista legalment o de la pròrroga obligatòria del contracte.
d. Els procediments concursals de deutors que siguin persones naturals i que no tinguin la condició d’empresaris.
En l’àmbit contenciós-administratiu, els recursos contra les administracions per la denegació d’ajudes per a pal·liar els efectes econòmics del Covid-19.
Finalment, en l’àmbit social, determinats procediments com ara els processos per acomiadament o extinció de contracte, els derivats dels permisos retribuïts recuperables, els procediments per aplicació del pla MECUIDA, els procediments per a la impugnació dels ERTE COVID-19 i els que se substanciïn per a fer efectiva la modalitat de treball a distància.
MESURES CONCURSALS:
Mitjançant aquest paquet de mesures es vol fer front al previsible increment de processos concursals en els jutjats del Mercantil. Aquestes mesures tenen una triple finalitat:
i. En primer lloc, mantenir la continuïtat econòmica de les empreses i dels professionals i autònoms que, amb anterioritat a l’estat d’alarma, venien complint les seves obligacions derivades d’un conveni o un acord extrajudicial o de refinançament.
*ii. Així mateix es busca potenciar i incentivar el finançament de les empreses per a atendre les seves necessitats transitòries de liquiditat.
*iii. Finalment, es pretén evitar el col·lapse dels jutjats del Mercantil a causa de la gran afluència de casos que s’espera després de la represa dels terminis processals.
Les mesures més rellevants són:
1. Es recupera la figura del reconvenio. Durant l’any següent a la declaració de l’estat d’alarma, es permetrà al deutor sol·licitar la modificació del conveni que estigui en període de compliment (*reconvenio). El procediment i règim de majories seran els mateixos que els previstos per a l’aprovació del conveni originari, si bé la seva tramitació serà sempre escrita.
El *reconvenio no afectarà crèdits nascuts després de l’aprovació del conveni ni als creditors privilegiats, tret que el secundin expressament.
En els sis mesos següents a la declaració de l’estat d’alarma, es traslladaran al deutor les sol·licituds d’incompliment de conveni que es presentin per a donar-li l’oportunitat de formular un *reconvenio, la tramitació del qual tindria preferència sobre aquelles.
Aquestes mateixes regles s’aplicaran als acords extrajudicials de pagament.
2. S’ajorna durant un any des de la declaració de l’estat d’alarma el deure del deutor que tingués un conveni subscrit amb els creditors i que conegui la impossibilitat de poder complir el conveni aprovat o les obligacions adquirides després, a sol·licitar la liquidació, sempre que presenti una proposta de modificació del conveni. No obstant això, si el deutor ja hagués sol·licitat l’obertura de la liquidació durant l’estat d’alarma, no es proveirà aquesta petició en cas que presenti una proposta de *reconvenio.
Durant l’any que segueix a la declaració de l’estat d’alarma, el jutjat no acordarà l’obertura de la liquidació, encara que el creditor acrediti algun fet dels quals puguin fonamentar la declaració de concurs.
Si s’incomplís el conveni o *reconvenio aprovat dins dels dos anys següents a la declaració de l’estat d’alarma, es consideraran crèdits contra la massa els derivats d’ingressos de tresoreria per finançament o constitució de garanties personals o reals (encara que provinguin de persones especialment relacionades) que constessin en el conveni o reconvenio.
3. Durant l’any següent a la declaració de l’estat d’alarma, es permet als deutors que tinguessin un acord de refinançament homologat presentar proposta de modificació o una nova sol·licitud sense necessitat que hagi transcorregut el termini d’un any des de l’anterior sol·licitud.
En els sis mesos següents a la declaració de l’estat d’alarma, es traslladaran al deutor les sol·licituds d’incompliment de l’acord de refinançament homologat que es presentin per a donar-li l’oportunitat de renegociar-lo o negociar un nou, la tramitació del qual tindria preferència sobre aquelles.
4. Les empreses o autònoms que es trobin en estat d’insolvència no tindran l’obligació de sol·licitar la declaració de concurs fins al 31 de desembre de 2020. Fins a aquesta mateixa data, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari presentades des de la declaració de l’estat d’alarma.
Durant aquest temps, s’admetrà a tràmit amb preferència la sol·licitud de concurs voluntari del deutor, tot i que fora de data posterior a la de concurs necessari.
5. El finançament que una persona especialment relacionada concedeixi al deutor després de la declaració de l’estat d’alarma donarà lloc a un crèdit ordinari en el concurs que es declari dins dels dos anys següents al començament d’aquell estat. Durant aquest temps, la mateixa qualificació obtindrà el crèdit en què se subrogui una persona especialment relacionada a conseqüència d’haver satisfet un crèdit ordinari o privilegiat.
6. En les impugnacions de l’inventari i de la llista de creditors solament s’admetrà prova documental i pericial –que haurà d’acompanyar-se a la demanda o a la contestació– i per regla general no serà necessària la celebració de vista. Es tindrà per aplanat al demandat que no contesti a la demanda, excepte al creditor públic.
7. Tindran tramitació preferent: incidents laborals; vendes d’unitats productives; propostes de conveni, reconvenio i incidents d’oposició a l’aprovació del conveni; accions de reintegració; sol·licituds d’homologació d’acords de refinançament o renegociació dels homologats; mesures cautelars; i incidents de conservació de la massa activa.
8. Els jutjats aprovaran amb immediatesa els plans de liquidació ja presentats i requeriran la urgent presentació d’aquests plans en els concursos que estiguin en fase de liquidació per a procedir a la seva aprovació.
9. S’estableix l’obligatorietat de la subhasta extrajudicial per a liquidar actius concursals, encara que el pla de liquidació disposés una altra cosa. No obstant això, en qualsevol fase del concurs, les unitats productives es realitzaran a través de qualsevol sistema de venda i s’estarà al procediment acordat per a aquells béns afectes l’alienació dels quals ja hagués estat autoritzada judicialment.
10. Dins de l’any següent a la declaració de l’estat d’alarma, quan dos mediadors concursals rebutgin la seva designació, a l’efecte del concurs consecutiu es considerarà que el deutor ha intentat sense èxit un acord extrajudicial de pagaments.

MESURES SOCIETÀRIES:
En aquest cas, les mesures van dirigides a la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues, de tal manera que no es prendran en consideració les pèrdues del present exercici 2020 a l’efecte de determinar la concurrència de la causa de dissolució prevista en l’article 363.1 e) de la Llei de Societats de Capital, sense perjudici del deure de sol·licitar el concurs conforme al Reial decret llei 16/2020 objecte d’anàlisi.
Així, si en el resultat de l’exercici 2021 s’apreciessin pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, haurà de convocar-se pels administradors o podrà sol·licitar-se per qualsevol soci en el termini de dos mesos a comptar des del tancament de l’exercici conforme a l’article 365 de la citada llei, la celebració de junta per a procedir a la dissolució de la societat, tret que s’augmenti o redueixi el capital en la mesura suficient.

MESURES EN L’ÀMBIT DEL LLOGUER:
1. Es modifiquen les mesures relacionades amb la moratòria de rendes de lloguer d’habitatge habitual que es van establir en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, de tal manera que, l’arrendatari d’un contracte d’habitatge habitual subscrit a l’empara de la Llei d’Arrendaments Urbans que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, podrà sol·licitar, en el termini de tres mesos des de l’1 d’abril de 2020:
a. Quan l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o una gran forquilla (persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m²), l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s’hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre totes dues parts; i
b. Quan l’arrendador sigui una persona diferent de l’anteriorment indicada, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s’hagués acordat prèviament entre totes dues parts amb caràcter voluntari.
2. Per a proporcionar cobertura financera que es precisi per a atendre les despeses d’habitatge per part de les llars que es trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l’expansió del *COVID-19 i que reuneixin les condicions que s’estableixin, s’autoritza el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana perquè, mitjançant conveni amb l’Institut de Crèdit Oficial, per un termini de fins a catorze anys, es desenvolupi una línia d’avals amb total cobertura de l’Estat, perquè les entitats de crèdit puguin oferir ajudes transitòries de finançament a aquestes persones en les següents condicions:
i. En forma de préstec finalista, havent de dedicar-se al pagament de la renda de l’arrendament d’habitatge habitual
ii. Podran cobrir un import màxim de sis mensualitats de renda
iii. El termini de devolució serà de fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per altres quatre
iv. En cap cas reportarà cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant.

MESURES ADMINISTRATIVES:
Com a mesures administratives més destacades trobem:
1. Se suspèn la causa de dissolució dels organismes públics estatals prevista en l’article 96.1.e) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, consistent en què l’organisme en qüestió es trobi en situació de desequilibri financer durant dos exercicis pressupostaris consecutius. Aquesta causa de dissolució no serà aplicable per als comptes anuals dels exercicis 2020, 2021 i 2022.
2. En relació amb els contractes del sector públic, s’adapta la redacció de l’article 159.4, lletres d) i f), de la Llei de Contractes del Sector Públic, per a substituir les referències al “acte públic d’obertura” per la “obertura del sobre o arxiu electrònic”

MESURES PER A GARANTIR LA SALUT DELS FUNCIONARIS I OPERADORS:
Aquest bloc de mesures recull les relacionades amb la seguretat en el treball i té com a finalitat evitar nous contagis mitjançant l’adopció de les següents limitacions que hauran de contemplar-se en els jutjats i tribunals durant el que quedi d’estat d’alarma i en els tres mesos posteriors a l’aixecament de les mesures excepcionals:
1. Per a garantir la distància de seguretat i evitar concentracions de personal es regula la possibilitat d’establir dos torns de treball de matí i tarda.
2. L’atenció al públic serà telefònica o per correu electrònic i només en cas necessari, presencialment, però sempre amb cita prèvia.
3. Els actes processals i les deliberacions seran preferentment amb presència telemàtica, excepte en la jurisdicció penal, en el qual serà el jutge qui decideixi, i quan l’acusat s’enfronti a una pena de delicte greu, situació en la qual sempre serà necessària la presència física de l’acusat.
4. Es permet ordenar l’accés del públic a les sales de vistes en atenció a les característiques i grandària d’aquestes.
5. Es dispensarà als advocats d’usar les togues.
6. Les exploracions dels mèdics forenses, sempre que sigui possible, es faran a la vista de la documentació mèdica.

MESURES DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL:
En aquest bloc de mesures, ens trobem amb dues reformes concretes:

1. Habilitar i millorar l’ús dels sistemes d’identificació i signatura digital en l’administració de Justícia.
2. Establir una obligació general tant per al Ministeri de Justícia com per a les comunitats autònomes amb competències en la matèria de garantir que els sistemes de gestió processal dels jutjats i tribunals de totes les comunitats autònomes permetin el teletreball.

Estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.