Como ya sabrá, a la hora de solicitar un préstamo hipotecario o una póliza de crédito, las entidades de crédito o bancos suelen exigir también un aval personal (normalmente por parte de familiares del solicitante deudor principal) para tener así mayor garantía de que cobrará la deuda o prestamos, ya que se podrá dirigir contra el patrimonio del deudor, el inmueble hipotecado y el patrimonio del avalista. .

Debemos tener cuidado, porque la fianza o aval es fruto de un contrato, y por tanto de la voluntad libremente emitida por las partes, y debemos ser conscientes de sus consecuencias, cuando el deudor principal no paga y el banco hace saber al fiador o fiadores que responden con todos sus bienes presentes y futuros de una deuda ajena.

Problema de reclamación de deuda a los avalistas y cláusulas por las que se renuncia a sus derechos

El aval es un tipo de fianza, es decir, una garantía en el pago, que viene regulado en el Código Civil, por la cual se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste, con todos sus bienes y derechos, presentes y futuros. Así, en el caso de los préstamos hipotecarios, si quien recibe el préstamo incumple su obligación de devolverlo, el avalista se verá obligado a pagarlo en su lugar.

En el ámbito bancario es frecuente que el banco exija como condición para conceder un préstamo que otra persona avale o afiance su devolución: si considera que las garantías que presenta el prestatario no son suficientes para asegurarle que va a poder devolver el préstamo, quiere que haya otra persona solvente que se comprometa a hacerlo en caso de que el prestatario falle.

No obstante, debemos saber que la figura del avalista en el derecho civil goza, en principio, de una serie de derechos, como son los derechos de excusión y orden, en virtud de los cuales el avalista puede exigir al acreedor (en este caso el banco) la realización, en primer lugar, de los bienes del deudor principal del préstamo y, además, designar qué bienes de aquél deberán ser los que se vayan a ejecutar en caso de impago.

El régimen legal de la fianza que establece el Código Civil, consiste en que el acreedor sólo podrá exigir el pago al fiador una vez que haya reclamado al deudor principal y ya no encuentre bienes que poder embargarle; es decir, sólo podrá reclamar al fiador cuando el deudor principal resulte insolvente; esto es lo que se llama “beneficio de excusión”. Ahora bien, la normativa civil permite que el fiador renuncie a dicho beneficio o bien que se obligue solidariamente con el deudor principal, esto es, que asuma la deuda como propia, de tal forma que el acreedor pueda reclamar el pago indistintamente al prestatario o al fiador.

El beneficio de división, en el caso de varios fiadores consiste en que, si el banco reclama la deuda a un fiador, este podrá pedir al fiador la parte que proporcionalmente le corresponda, salvo que se haya pactado que todos los fiadores responderán solidariamente (cosa que también suele fijarse en las cláusulas bancarias).

Por otro lado, es asimismo muy común que los deudores hipotecarios, a lo largo de la vida de su contrato de préstamo acuerden o renegocien con los bancos titulares del crédito modificaciones de éste sin el consentimiento del avalista: tales como la ampliación del capital prestado, del plazo de devolución, etc.

Esa modificación o novación del contrato de préstamo sin la anuencia del avalista, conlleva a la aplicación del beneficio de extinción establecido en el  Código Civil, que dispone que «la prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento del fiador extingue la fianza», y, por esto, la responsabilidad del avalista ignorado en la novación acordada no será exigible cuando la modificación de las condiciones inicialmente pactadas afecten a la cuantía del préstamo, a su interés, o al plazo del contrato.

En la práctica, la mayoría de las entidades de crédito exigen la solidaridad de la fianza, por lo que el avalista se ve excluido de estos derechos de excusión, orden, división, y por tanto, puede ser requerido en el pago al mismo tiempo que el deudor principal, y no de forma subsidiaria como prevé el Código Civil.

Por último, debemos tener presente que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor “con todos sus bienes, presentes y futuros”, es decir, tras el fallecimiento del avalista, serán los correspondientes herederos del causante quienes asuman dichas obligaciones.

Lo que dicen los Tribunales

En los últimos tiempos estamos conociendo numerosas resoluciones judiciales, tanto a nivel local, como estatal e incluso europeo, incluso de oficio, que hacen referencia a la existencia de cláusulas abusivas de numerosos contratos celebrados con entidades bancarias.

Recientemente los tribunales están sentenciando que un aval de este tipo es nulo y no tiene efectos, en base a que el comprador o prestamista y el avalista son particulares, y por tanto se aplica la normativa de consumidores (Ley de Condiciones Generales de la Contratación y Ley de Protección de Consumidores y Usuarios) que considera abusivo imponer al consumidor garantías desproporcionadas (el banco ya tiene la garantía del patrimonio del deudor y de la propia finca).

Además, no se puede imponer al avalista que renuncie a los derechos que le otorga el Código Civil (los de excusión, división y orden), ya que cuando alguien firma como avalista lo hace confiado en que sólo responderá si el patrimonio del deudor y la finca hipotecada no cubren la deuda, pero no que responderá directamente.

Tradicionalmente se mantenía que el fiador seguía la condición del deudor principal, por lo que si el deudor o avalado era una empresa, el fiador no tenía la consideración de consumidor ni, por tanto, la protección de la Ley de Consumidores y Usuarios. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 ha establecido unos criterios que sirven para discriminar cuando el fiador de una empresa es considerado como consumidor y cuando no. Según la mencionada resolución, la avalista no es consumidora cuando esa persona física tiene estrechos vínculos con la sociedad, bien por pertenecer a su órgano de administración o bien por tener una participación significativa en el accionariado. A contrario, cuando no se da esto se puede considerar como consumidora y, por ende, gozar de la protección que le otorgan las leyes.

La sentencia que hemos mencionado del Juzgado de lo Mercantil, considera que, para apreciar si una cláusula es abusiva, hay que utilizar los parámetros que dispone la ya mencionad Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2103. En la misma se señala que para determinar la abusividad de la cláusula hay que atender a la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato, las circunstancias de su celebración, las normas aplicables en nuestro Derecho cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Para ello, se debe hacer un análisis comparativo que ponga de manifiesto si se deja al consumidor en una situación jurídica «menos favorable».

Ejecución hipotecaria contraria a la normativa europea: la llamada Ley “antidesahucios”

Por último, hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que la normativa española no se ajustaba a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, entre otras razones porque no permitía al deudor hipotecario oponerse al procedimiento de ejecución alegando la existencia de una cláusula abusiva vinculada a su contrato de préstamos hipotecario.

De acuerdo con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2103, se dio nueva redacción a la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite a los avalistas de préstamos hipotecarios exigir que primero se agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamar a los avalistas, y ello incluso aunque se hubiera renunciado a ese derecho.

En este sentido, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, también llamada Ley Antidesahucios, aparte de la modificación antes comentada, ha permitido evitar la ejecución hipotecaria de avalistas que se encuentren en el umbral de exclusión.

Pueden ponerse en contacto con Estudi Jurídic Sánchez & De Canals en caso de tener dudas al respecto.

Publicado por Andrea Serrano

Com ja sabrà, a l’hora de demanar un préstec hipotecari o una pòlissa de crèdit, les entitats de crèdit o bancs solen exigir també un aval personal (normalment per part de familiars del sol·licitant i deutor principal) per tenir així major garantia que cobrarà el deute o préstecs, ja que es podrà dirigir contra el patrimoni del deutor, l’immoble hipotecat i el patrimoni de l’avalista.

Hem de tenir cura, perquè la fiança o aval és fruit d’un contracte, i per tant de la voluntat lliurement emesa per les parts, i hem de ser conscients de les seves conseqüències, quan el deutor principal no paga i el banc fa saber al fiador o fiadors que responen amb tots els seus béns presents i futurs d’un deute aliè.

Problema de reclamació de deute als avaladors i clàusules per les quals es renuncia als seus drets

L’aval és un tipus de fiança, és a dir, una garantia en el pagament, que ve regulat al Codi Civil, pel qual s’obliga un a pagar o complir per un tercer, en el cas de no fer-ho aquest, amb tots els seus béns i drets, presents i futurs. Així, en el cas dels préstecs hipotecaris, si qui rep el préstec incompleix la seva obligació de tornar-lo, l’avalista es veurà obligat a pagar-lo en el seu lloc.

En l’àmbit bancari és freqüent que el banc exigeixi com a condició per concedir un préstec que una altra persona avali o consolidi la seva devolució: si considera que les garanties que presenta el prestatari no són suficients per assegurar-li que podrà tornar el préstec, vol que hi hagi una altra persona solvent que es comprometi a fer-ho en cas que el prestatari falli.

No obstant això, hem de saber que la figura de l’avalador en el dret civil gaudeix, en principi, d’una sèrie de drets, com són els drets d’excussió i ordre, en virtut dels quals l’avalista pot exigir al creditor (en aquest cas el banc) la realització, en primer lloc, dels béns del deutor principal del préstec i, a més, designar quins béns d’aquell hauran de ser els que es vagin a executar en cas d’impagament.

El règim legal de la fiança que estableix el Codi Civil, consisteix que el creditor només pot exigir el pagament al fiador una vegada que hagi reclamat al deutor principal i ja no trobi béns que poder embargar-li; és a dir, només pot reclamar al fiador quan el deutor principal resulti insolvent; això és el que s’anomena «benefici d’excussió». Ara bé, la normativa civil permet que el fiador renunciï a aquest benefici o bé que s’obligui solidàriament amb el deutor principal, això és, que assumeixi el deute com a pròpia, de tal manera que el creditor pugui reclamar el pagament indistintament al prestatari o al fiador.

 

El benefici de divisió, en el cas de diversos fiadors consisteix que, si el banc reclama el deute a un fiador, aquest podrà demanar al fiador la part que proporcionalment li correspongui, llevat que s’hagi pactat que tots els fiadors responen solidàriament (cosa que també sol fixar-se en les clàusules bancàries).

D’altra banda, és molt comú que els deutors hipotecaris, al llarg de la vida del seu contracte de préstec acordin o renegociïn amb els bancs titulars del crèdit modificacions d’aquest sense el consentiment de l’avalador: com ara l’ampliació del capital prestat, del termini de devolució, etc.

Aquesta modificació o novació del contracte de préstec sense l’anuència de l’avalador, comporta l’aplicació del benefici d’extinció que estableix el Codi Civil, que disposa que «la pròrroga concedida al deutor pel creditor sense el consentiment del fiador extingeix la fiança», i, per això, la responsabilitat de l’avalista ignorat en la novació acordada no serà exigible quan la modificació de les condicions inicialment pactades afecten la quantia del préstec, al seu interès, o al termini del contracte.

A la pràctica, la majoria de les entitats de crèdit exigeixen la solidaritat de la fiança, per la qual cosa l’avalador es veu exclòs d’aquests drets d’excussió, ordre, divisió, i per tant, pot ser requerit en el pagament al mateix temps que el deutor principal, i no de forma subsidiària com preveu el Codi Civil.

Finalment, hem de tenir present que del compliment de les obligacions respon el deutor «amb tots els seus béns, presents i futurs», és a dir, després de la mort de l’avalador, seran els corresponents hereus del causant els que assumeixin aquestes obligacions.

El que diuen els tribunals

En els últims temps estem coneixent nombroses resolucions judicials, tant a nivell local, com estatal i fins i tot europeu, fins i tot d’ofici, que fan referència a l’existència de clàusules abusives de nombrosos contractes subscrits amb entitats bancàries.

Recentment els tribunals estan sentenciant que un aval d’aquest tipus és nul i no té efectes, en base al fet que el comprador o prestador i l’avalador són particulars, i per tant s’aplica la normativa de consumidors (Llei de condicions generals de la contractació i Llei de Protecció de Consumidors i Usuaris) que considera abusiu imposar al consumidor garanties desproporcionades (el banc ja té la garantia del patrimoni del deutor i de la pròpia finca).

A més, no es pot imposar a l’avalista que renunciï als drets que li atorga el Codi Civil (els d’excussió, divisió i ordre), ja que quan algú signa com a avalador ho fa confiat que només respondrà si el patrimoni del deutor i la finca hipotecada no cobreixen el deute, però no que respondrà directament.

Tradicionalment es mantenia que el fiador seguia la condició del deutor principal, de manera que si el deutor o avalat era una empresa, el fiador no tenia la consideració de consumidor ni, per tant, la protecció de la Llei de Consumidors i Usuaris. No obstant això, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 març 2013 ha establert uns criteris que serveixen per discriminar quan el fiador d’una empresa és considerat com a consumidor i quan no. Segons l’esmentada resolució, l’avalista no és consumidora quan aquesta persona física té estrets vincles amb la societat, bé per pertànyer al seu òrgan d’administració o bé per tenir una participació significativa en l’accionariat. A contrari, quan no es dóna això es pot considerar com a consumidora i, per tant, gaudir de la protecció que li atorguen les lleis.

La sentència que hem esmentat del Jutjat del Mercantil, considera que, per apreciar si una clàusula és abusiva, cal utilitzar els paràmetres que disposa la ja esmentada norma Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de març de 2103. A la mateixa s’assenyala que per determinar l’abusivitat de la clàusula cal atendre a la naturalesa dels béns o serveis objecte del contracte, les circumstàncies de la seva celebració, les normes aplicables en el nostre Dret quan no hi hagi un acord de les parts en aquest sentit. Per a això, s’ha de fer una anàlisi comparativa que posi de manifest si es deixa al consumidor en una situació jurídica «menys favorable».

 

Execució hipotecària contrària a la normativa europea: l’anomenada Llei «antidesnonaments»

Finalment, cal recordar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va declarar que la normativa espanyola no s’ajustava a la Directiva 93/13 / CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors, entre altres raons perquè no permetia al deutor hipotecari oposar-se al procediment d’execució al·legant l’existència d’una clàusula abusiva vinculada al seu contracte de préstecs hipotecari.

D’acord amb la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 març 2103, es va donar nova redacció a la Llei d’Enjudiciament Civil que permet als avaladors de préstecs hipotecaris exigir que primer s’esgoti el patrimoni del deutor principal abans de reclamar als avaladors, i això fins i tot encara que s’hagués renunciat a aquest dret.

En aquest sentit, la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, també anomenada Llei antidesnonaments, a part de la modificació abans esmentada, ha permès evitar l’execució hipotecària de avaladors que es trobin en el llindar d’exclusió.

Es poden posar en contacte amb Estudi Jurídic Sánchez & De Canals en cas de tenir dubtes al respecte.

Publicado por Andrea Serrano