Nuestro despacho ha venido sosteniendo desde hace años la ilegalidad del modelo 720, de declaración de bienes en el extranjero, por entender, fundamentalmente, que es confiscatorio (impone multas de hasta el 150% de la ganancia patrimonial no justificada, en el caso de que no se haya declarado o se haya declarado de forma extemporánea) e ilegal (declara la imprescriptibilidad de las infracciones tributarias). Véase, entre otras, nuestra Newsletter 1/2017, de 4 de enero de 2017. http://www.afinanciera.com/wp-content/uploads/2017/01/01-Cerco-a-los-no-declarantes-del-modelo-720.AF_.pdf

Dicho modelo 720 ha sido denunciado por diversos colectivos fiscalistas ante la Comisión Europea, pero no teníamos noticia de su resolución. Hasta el pasado 16/12/2018, en elEconomista.es, que publicaba la noticia de que la Comisión Europea ha dictaminado que es ilegal la normativa española que regula la declaración de bienes en el extranjero (conocida como modelo 720) y de la que se han hecho eco diversos colectivos del ámbito fiscal.

Este Dictamen, fechado el 15 de febrero de 2017 y firmado por Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, ha sido mantenido en secreto por el Ministerio de Hacienda hasta recientemente, al verse obligado a facilitarlo por un requerimiento de la Audiencia Nacional del pasado 25 de octubre de 2018.

“Establece un régimen de declaración fiscal que parece discriminatorio y desproporcionado»

 Considera la Comisión Europea, en su informe motivado, que esta normativa «establece un régimen de declaración fiscal en el marco del Modelo 720 que parece discriminatorio y desproporcionado a la luz de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia«. Los derechos europeos fundamentales que infringe son: el de la libre circulación de personas (artículo 21 del TFUE) y de trabajadores (artículo 45 del TFUE y artículo 28 del Acuerdo Espacio Económico Europeo -AEEE-), la libertad de establecimiento (artículo 49 del TFUE y artículo 31 AEEE), la libre prestación de servicios (artículo 56 del TFUE y artículo 36 del AEEE) y la libre circulación de capitales (artículo 63 del TFUE y artículo 40 del AEEE). Basa su determinación en que establece multas pecuniarias fijas por incumplimiento de las obligaciones de información en virtud del Modelo 720 en lo que se refiere a los bienes y derechos poseídos en el extranjero o por la presentación extemporánea de este último superiores a las impuestas en el régimen general para infracciones similares reguladas en la Ley General Tributada y que considera que «son desproporcionadas».

También, por establecer la tributación de las ganancias patrimoniales no justificadas como consecuencia de la falta de información en el Modelo 720 sobre los bienes y derechos poseídos en el extranjero o de la mera presentación extemporánea de la información del Modelo 720 sobre dichos bienes y derechos junto con la negación de la prueba de que la propiedad de los activos se mantiene desde un ejercicio fiscal que ha prescrito.

Y, en tercer lugar, por introducir una multa pecuniaria proporcional sobre las ganancias patrimoniales no justificadas asociadas a los bienes y derechos que no se comuniquen en el Modelo 720 o se comuniquen en el marco de una presentación extemporánea del Modelo 720.

A la Comisión no le consta que exista una obligación de información tan exhaustiva equivalente para los contribuyentes residentes en posesión de bienes y derechos similares situados en España. Así pues, los contribuyentes residentes en España con bienes y derechos similares situados en el país no están sujetos a sanciones comparables.

Las sanciones impuestas en caso de incumplimiento o cumplimiento incorrecto de la obligación de información son considerablemente más onerosas que las aplicadas en una situación puramente interna de incumplimiento o cumplimiento incorrecto de las obligaciones de declaración a efectos fiscales.

La Comisión desea reiterar que las disposiciones fiscales españolas analizadas imponen una obligación de información únicamente con respecto a los bienes y derechos situados en el extranjero que conlleva cargas administrativas y costes en los que no se incurre cuando el contribuyente posee activos en España.

Con el fin de cumplir adecuadamente las obligaciones derivadas del Modelo, el contribuyente debe llevar un registro de sus bienes y derechos y controlar periódicamente el valor de los mismos a fin de considerar si procede presentar una nueva declaración en caso de que hayan rebasado un determinado umbral. Esta obligación puede adquirir complejidad cuando la propiedad es compartida, o en caso de cuentas en común.

El contribuyente puede necesitar recurrir al asesoramiento de agentes bancarios o incluso de expertos. En el caso de las personas que hayan vivido en un país distinto de España, los bienes y derechos que deben declarar pueden ser muy numerosos, por lo que cumplir con tales obligaciones puede suponer una carga onerosa.

Explica la Comisión que con el fin de justificar la medida y la proporcionalidad del régimen del Modelo 720, las autoridades españolas alegan que los instrumentos jurídicos existentes para el intercambio de información entre las autoridades tributadas de los diferentes Estados miembros de la UE o del EEE no garantizan la obtención por parte del Reino de España de información similar a la exigida en el Modelo 720.

La Comisión opina que existen medios suficientes para obtener información sobre los bienes poseídos en el extranjero a fin de liquidar los impuestos correspondientes. El intercambio automático de información establecido en las Directivas sobre cooperación administrativa» en vigor abarca la información relativa a los intereses percibidos por los particulares procedentes de las cuentas bancarias y otros valores, los productos de seguro de vida y los bienes inmuebles.

«Bien es verdad que esta vía de cooperación administrativa no da cabida a otros tipos de bienes a que se refiere el Modelo 720, principalmente las cuentas bancarias y los valores mantenidos por entidades y las acciones. No obstante, las Administraciones tributarias pueden asimismo recurrir al intercambio de información previa solicitud«, señala la Comisión.

Inaceptable ocultación de Hacienda en la declaración de bienes en el extranjero, que la UE declaró ilegal

El hecho de que la Comisión Europea haya declarado ilegal el régimen de declaración de bienes en el extranjero constituye un desenlace más que razonable, prácticamente desde que esa normativa se dio a conocer.

Han sido muy numerosos los informes en los que los asesores fiscales (entre ellos, nuestro despacho) mostraban unos recelos plenamente justificados. En primer lugar, porque las sanciones previstas no tienen en cuenta ningún tipo de criterio de prescriptibilidad de las ganancias declaradas. Lo más cuestionable radica, sin embargo, en la puesta en marcha de multas equivalentes al 150% de la cuota que resulte de la liquidación que fije la inspección de Hacienda.

Las advertencias de los expertos se desoyeron y todas estas medidas entraron en vigor, por lo que la reacción de Bruselas no podía ser otra que la denuncia de la violación incluso de derechos fundamentales plenamente reconocidos por la UE.

Pero el despropósito más flagrante ha sido que el Ministerio de Hacienda ocultara ese varapalo tan negativo durante cerca de dos años. De este modo, al incumplimiento se une la ocultación y la negativa a llevar a cabo la necesaria enmienda de un incumplimiento fiscal cuya sanción era a todas luces excesiva hecha con un claro fin confiscatorio.

El Gobierno ha declarado que no piensa modificar la declaración de bienes en el extranjero y sigue aplicando el modelo 720 a pesar de haber sido declarado ilegal.

En el Dictamen de la Unión Europea se insta al Reino de España a que, «en aplicación de lo dispuesto en el artículo 258, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, adopte las medidas requeridas para ajustarse al presente dictamen motivado en un plazo de dos meses a partir de la recepción del mismo”.

A pesar de ello, Hacienda considera que este informe no es vinculante y que la Comisión Europea podría haber llevado el asunto a los tribunales comunitarios, cosa que, por el momento, no ha realizado. Según declaraciones de la ministra María Jesús Montero, el Ministerio de Hacienda no tiene previsto modificar la actual regulación de la declaración de bienes en el extranjero (el llamado Modelo 720), a la espera de lo que decidan los tribunales, pendientes en estos momentos de la resolución del primer caso de un sancionado por declaración extemporánea, y a pesar del Dictamen de la Comisión Europea.  Según la ministra, «se trata de un problema técnico que afecta a una ley que es absolutamente legal porque no está recurrida en el Constitucional, de manera que hay que esperar a escuchar la palabra de los tribunales”.

El año pasado, en la misma línea que la actual ministra, el propio Montoro, que ya conocía el dictamen motivado de Bruselas, afirmó en el Parlamento que Hacienda no cambiaría las sanciones por no declarar bienes en el extranjero y se atendría a lo que dijese la Justicia de la UE. En esta ocasión ya se había filtrado la opinión de Bruselas que recomendaba modificar las multas por «desproporcionadas». No obstante, una vez conocido el dictamen, Hacienda decidió no aplicarlo si los contribuyentes, antes de presentar fuera de plazo la declaración de bienes en el extranjero (modelo 720), declaran y pagan el incremento no justificado de patrimonio de esas rentas – con un recargo del 20%- y los intereses de demora correspondientes, según consta en un informe interno de la Dirección General de Tributos (DGT). Según informaciones de elEconomista, en febrero de 2017, la Comisión había dado a España dos meses para enmendar el 720, sobre todo las multas desproporcionadas que contempla la norma española. Si no cambiaba la ley, Bruselas llevaría a nuestro país ante la Justicia de la UE.

Bruselas decidirá el próximo paso a dar en el procedimiento de infracción

Más de un año y medio después desde aquella segunda fase del procedimiento de infracción, el Ejecutivo comunitario no termina de decidirse a dar el paso definitivo. Según informaciones de elEconomista, la Comisión mantiene un dialogo regular con las autoridades españolas para tratar sobre las preocupaciones que habían incluido en la carta de febrero de 2017, que los servicios del Ejecutivo comunitario están discutiendo internamente cual es la mejor manera de que se corrijan los asuntos que motivaron las quejas emitidas por Bruselas, sobre todo en lo relativo a la violación de libertades fundamentales, y lo que se pretende conseguir, principalmente la eliminación de las desproporcionadas multas.

Pero lo cierto es que, a fecha de hoy, y a pesar del Dictamen demoledor de la Comisión Europea, NO se ha introducido ninguna modificación normativa para que el Modelo 720 resulte compatible con el Derecho UE. Al contrario, el pasado mes de octubre el Gobierno aprobó un Anteproyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal en que está previsto ampliar el Modelo 720 exigiendo también información sobre criptomonedas situadas en extranjero, y manteniendo el régimen sancionador.

 

¿Qué pasará a partir de ahora?

Según han declarado nuestros Tribunales, el dictamen motivado de la Comisión no es sino una fase previa al proceso contencioso que la Comisión puede suscitar ante el Tribunal de Justicia en el caso de que el Estado requerido no se atuviere a dicho dictamen; dicho dictamen carece de fuerza vinculante para el Tribunal de Justicia, órgano máximo encargado de la interpretación del Derecho de la UE y que, en su caso, podrá o no atenerse a su contenido en función de la valoración que haga de él. En definitiva, el dictamen de la CE no produce efecto sobre la vigencia y eficacia de las normas dictadas por los Estados miembros, ni sobre los actos que se han producido en aplicación de las mismas. La normativa legal y reglamentaria en que se fundamenta el acuerdo sancionador, en tanto no ha sido anulada, se encuentra vigente, siendo pertinente su aplicación.

Efectivamente, aunque España haya incumplido el plazo concedido por la CE, la normativa sigue plenamente vigente y seguirá siendo aplicada, habiendo declarado Inspección de Hacienda que “Establecida por el legislador español la obligación de información, así como el régimen sancionador específico, NO compete a la inspección pronunciarse sobre la adecuación o no de esa normativa al Derecho UE. Por el contrario, en tanto siga vigente y por ende plenamente aplicable, compete a la Inspección del Estado comprobar el correcto cumplimiento de dicha obligación y, en su caso, sancionar las posibles infracciones en que se incurra por su incumplimiento …”

En cualquier caso, el Modelo 720 vulnera de manera tan flagrante el Derecho UE, tal y como pone de manifiesto el Dictamen Motivado, que la Comisión Europea debe tomar en breve la decisión de interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la UE, que probablemente termine anulando dicho modelo 720.

Y también es posible que la Justicia española empiece a anular esas sanciones y consecuencias aplicando la indiscutible primacía del Derecho UE o bien decida llevar el Modelo 720 ante el TJUE planteando una cuestión prejudicial (de conformidad con lo previsto en el artículo 267 TFUE).

Ya en este momento, y desde luego cuando tome cartas en el asunto el TJUE, lo lógico sería que Hacienda no iniciara nuevos procedimientos sancionadores o de comprobación en relación con el Modelo 720 y que suspendiera los ya iniciados (de conformidad con el artículo 22.1.c) de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Hasta la fecha la Administración Tributaria ha rechazado suspender procedimientos relativos al Modelo 720, a pesar de que la CE inició el procedimiento de infracción en noviembre de 2015, alegando que esa Ley 39/2015 sólo se aplica de forma supletoria a los procedimientos tributarios, y que estos ya tienen sus propias causas de suspensión, pero se lo tendría que replantear a partir de ahora.

De hecho, existiendo este demoledor Dictamen, si España no rectifica y llega el tema al TJUE (vía recurso por incumplimiento interpuesto por CE o vía cuestión prejudicial promovida por algún Tribunal español) las duras sanciones y consecuencias previstas en la normativa reguladora del Modelo 720 pueden ser declaradas contrarias al Derecho UE y los “damnificados” tendrán derecho a ser indemnizados por los daños causados, por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, regulada en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. De hecho, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2014, recurso 390/2012 señaló en un asunto similar que “a partir del momento en que la Comisión Europea envía un dictamen motivado a un Estado miembro, éste difícilmente puede alegar desconocimiento de las posibles consecuencias del mantenimiento de la norma, el acto o la conducta de que se trate; y es claro que, si la mantiene a la espera del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo hace a su propio riesgo y ventura, no pudiendo luego alegar legítimamente falta de claridad a fin de eludir su responsabilidad patrimonial frente a los particulares afectados”.

En cualquier caso, deberemos esperar cómo se suceden los acontecimientos, de lo cual les iremos informando.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

El nostre despatx ha vingut sostenint des de fa anys la il·legalitat del model 720, de declaració de béns a l’estranger, per entendre, fonamentalment, que és confiscatori (imposa multes de fins al 150% del guany patrimonial no justificat, en el cas que no s’hagi declarat o s’hagi declarat de forma extemporània) i il·legal (declara la imprescriptibilitat de les infraccions tributàries). Vegeu, entre altres, la nostra Newsletter 1/2017, de 4 de gener de 2017. http://www.afinanciera.com/wp-content/uploads/2017/01/01-cerco-a-los-no-declarantes-del-modelo-720.af_.pdf

Aquest model 720 ha estat denunciat per diversos col·lectius fiscalistes davant la Comissió Europea, però no teníem notícia de la seva resolució. Fins al passat 16/12/2018, en eleconomista.es, que publicava la notícia que la Comissió Europea ha dictaminat que és il·legal la normativa espanyola que regula la declaració de béns a l’estranger (coneguda com a model 720) i de la qual s’ha fet ressò per diversos col·lectius de l’àmbit fiscal.

Aquest Dictamen, amb data de 15 de febrer de 2017 i signat per Pierre Moscovici, comissari europeu d’Assumptes Econòmics i Financers, Fiscalitat i Duanes, ha estat mantingut en secret pel Ministeri d’Hisenda fins recentment, en veure’s obligat a facilitar-lo per un requeriment de l’Audiència Nacional del passat 25 d’octubre de 2018.

“Estableix un règim de declaració fiscal que sembla discriminatori i desproporcionat»

Considera la Comissió Europea, en el seu informe motivat, que aquesta normativa «estableix un règim de declaració fiscal en el marc del Model 720 que sembla discriminatori i desproporcionat a la llum de la jurisprudència pertinent del Tribunal de Justícia». Els drets europeus fonamentals que infringeix són: el de la lliure circulació de persones (article 21 del TFUE) i de treballadors (article 45 del TFUE i article 28 de l’Acord Espai Econòmic Europeu -AEEE-), la llibertat d’establiment (article 49 del TFUE i article 31 AEEE), la lliure prestació de serveis (article 56 del TFUE i article 36 del AEEE) i la lliure circulació de capitals (article 63 del TFUE i article 40 del AEEE). Basa la seva determinació en què estableix multes pecuniàries fixes per incompliment de les obligacions d’informació, en virtut del Model 720 pel que fa als béns i drets posseïts a l’estranger o per la presentació extemporània d’aquest últim superiors a les imposades en el règim general per a infraccions similars regulades en la Llei General Tributada i que considera que «són desproporcionades».

També, per establir la tributació dels guanys patrimonials no justificats com a conseqüència de la falta d’informació en el Model 720 sobre els béns i drets posseïts a l’estranger o de la mera presentació extemporània de la informació del Model 720 sobre aquests béns i drets juntament amb la negació de la prova que la propietat dels actius es manté des d’un exercici fiscal que ha prescrit.

I, en tercer lloc, per introduir una multa pecuniària proporcional sobre els guanys patrimonials no justificats associats als béns i drets que no es comuniquin en el Model 720 o es comuniquin en el marc d’una presentació extemporània del Model 720.

A la Comissió no li consta que existeixi una obligació d’informació tant exhaustiva equivalent per als contribuents residents en possessió de béns i drets similars situats a Espanya. Així doncs, els contribuents residents a Espanya amb béns i drets similars situats al país no estan subjectes a sancions comparables.

Les sancions imposades en cas d’incompliment o compliment incorrecte de l’obligació d’informació són considerablement més oneroses que les aplicades en una situació purament interna d’incompliment o compliment incorrecte de les obligacions de declaració a efectes fiscals.

La Comissió desitja reiterar que les disposicions fiscals espanyoles analitzades imposen una obligació d’informació únicament respecte als béns i drets situats a l’estranger que comporta càrregues administratives i costos en els quals no s’incorre quan el contribuent posseeix actius a Espanya.

Amb la finalitat de complir adequadament les obligacions derivades del Model, el contribuent ha de portar un registre dels seus béns i drets i controlar periòdicament el valor dels mateixos a fi de considerar si escau presentar una nova declaració en cas que hagin sobrepassat un determinat llindar. Aquesta obligació pot adquirir complexitat quan la propietat és compartida, o en cas de comptes en comú.

El contribuent pot necessitar recórrer a l’assessorament d’agents bancaris o fins i tot d’experts. En el cas de les persones que hagin viscut en un país diferent d’Espanya, els béns i drets que han de declarar poden ser molt nombrosos, per la qual cosa complir amb tals obligacions pot suposar una càrrega onerosa.

Explica la Comissió que amb la finalitat de justificar la mesura i la proporcionalitat del règim del Model 720, les autoritats espanyoles al·leguen que els instruments jurídics existents per a l’intercanvi d’informació entre les autoritats tributades dels diferents Estats membres de la UE o del EEE no garanteixen l’obtenció per part del Regne d’Espanya d’informació similar a l’exigida en el Model 720.

La Comissió opina que existeixen mitjans suficients per a obtenir informació sobre els béns posseïts a l’estranger a fi de liquidar els impostos corresponents. L’intercanvi automàtic d’informació establert en les Directives sobre cooperació administrativa en vigor abasta la informació relativa als interessos percebuts pels particulars procedents dels comptes bancaris i altres valors, els productes d’assegurança de vida i els béns immobles.

«La veritat és que aquesta via de cooperació administrativa no dóna cabuda a altres tipus de béns a què es refereix el Model 720, principalment els comptes bancaris i els valors mantinguts per entitats i les accions. No obstant això, les Administracions tributàries poden així mateix recórrer a l’intercanvi d’informació prèvia sol·licitud», assenyala la Comissió.

Inacceptable ocultació d’Hisenda en la declaració de béns a l’estranger, que la UE va declarar il·legal.

El fet que la Comissió Europea hagi declarat il·legal el règim de declaració de béns a l’estranger constitueix un desenllaç més que raonable, pràcticament des de que aquesta normativa es va donar a conèixer.

Han estat molt nombrosos els informes en els quals els assessors fiscals (entre ells, el nostre despatx) mostraven uns recels plenament justificats. En primer lloc, perquè les sancions previstes no tenen en compte cap mena de criteri de prescriptibilitat dels guanys declarats. El més qüestionable radica, no obstant això, en la posada en marxa de multes equivalents al 150% de la quota que resulti de la liquidació que fixi la inspecció d’Hisenda.

Els advertiments dels experts es van desatendre i totes aquestes mesures van entrar en vigor, per la qual cosa la reacció de Brussel·les no podia ser una altra que la denúncia de la violació fins i tot de drets fonamentals plenament reconeguts per la UE.

Però el despropòsit més flagrant ha estat que el Ministeri d’Hisenda ocultés aquesta garrotada tant negativa durant prop de dos anys. D’aquesta manera, a l’incompliment s’uneix l’ocultació i la negativa a dur a terme la necessària esmena d’un incompliment fiscal, la sanció del qual era sense dubte excessiva i feta amb una clara finalitat confiscatoria.

 

El Govern ha declarat que no pensa modificar la declaració de béns a l’estranger i continua aplicant el model 720 malgrat haver estat declarat il·legal.

En el Dictamen de la Unió Europea s’insta al Regne d’Espanya que, «en aplicació del que es disposa a l’article 258, paràgraf primer, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, adopti les mesures requerides per a ajustar-se al present dictamen motivat en un termini de dos mesos a partir de la recepció d’aquest”.

Malgrat això, Hisenda considera que aquest informe no és vinculant i que la Comissió Europea podria haver portat l’assumpte als tribunals comunitaris, cosa que, de moment, no ha realitzat. Segons declaracions de la ministra María Jesús Montero, el Ministeri d’Hisenda no té previst modificar l’actual regulació de la declaració de béns a l’estranger (l’anomenat Model 720), a l’espera del que decideixin els tribunals, pendents en aquests moments de la resolució del primer cas d’un sancionat per declaració extemporània, i malgrat el Dictamen de la Comissió Europea.  Segons la ministra, «es tracta d’un problema tècnic que afecta a una llei que és absolutament legal perquè no està recorreguda en el Constitucional, de manera que cal esperar a escoltar la paraula dels tribunals”.

L’any passat, en la mateixa línia que l’actual ministra, el mateix Montoro, que ja coneixia el dictamen motivat de Brussel·les, va afirmar en el Parlament que Hisenda no canviaria les sancions per no declarar béns a l’estranger i s’atindria al que digués la Justícia de la UE. En aquesta ocasió ja s’havia filtrat l’opinió de Brussel·les que recomanava modificar les multes per «desproporcionades». No obstant això, una vegada conegut el dictamen, Hisenda va decidir no aplicar-lo si els contribuents, abans de presentar fora de termini la declaració de béns a l’estranger (model 720), declaren i paguen l’increment no justificat de patrimoni d’aquestes rendes – amb un recàrrec del 20%- i els interessos de demora corresponents, segons consta en un informe intern de la Direcció General de Tributs (DGT). Segons informacions de “elEconomista”, al febrer de 2017, la Comissió havia donat a Espanya dos mesos per a esmenar el 720, sobretot les multes desproporcionades que contempla la norma espanyola. Si no canviava la Llei, Brussel·les portaria al nostre país davant la Justícia de la UE.

Brussel·les decidirà el pròxim pas a donar en el procediment d’infracció

Més d’un any i mig després, des d’aquella segona fase del procediment d’infracció, l’Executiu comunitari no acaba de decidir-se a fer el pas definitiu. Segons informacions de “elEconomista”, la Comissió manté un diàleg regular amb les autoritats espanyoles per a tractar sobre les preocupacions que havien inclòs en la carta de febrer de 2017, que els serveis de l’Executiu comunitari estan discutint internament com és la millor manera que es corregeixin els assumptes que van motivar les queixes emeses per Brussel·les, sobretot en relació a la violació de llibertats fonamentals, i el que es pretén aconseguir, principalment és l’eliminació de les desproporcionades multes.

Però la veritat és que, en data d’avui, i malgrat el Dictamen demolidor de la Comissió Europea, NO s’ha introduït cap modificació normativa perquè el Model 720 resulti compatible amb el Dret UE. Al contrari, el mes d’octubre passat el Govern va aprovar un Avantprojecte de Llei de Lluita contra el Frau Fiscal en què està previst ampliar el Model 720 exigint també informació sobre criptomonedes situades a l’estranger, i mantenint el règim sancionador.

Què passarà a partir d’ara?

Segons han declarat els nostres Tribunals, el dictamen motivat de la Comissió és una fase prèvia al procés contenciós que la Comissió pot suscitar davant el Tribunal de Justícia en el cas que l’Estat requerit no s’atingués a aquest dictamen; aquest dictamen manca de força vinculant per al Tribunal de Justícia, òrgan màxim encarregat de la interpretació del Dret de la UE i que, si escau, podrà o no atenir-se al seu contingut en funció de la valoració que faci d’ell. En definitiva, el dictamen de la CE no produeix efecte sobre la vigència i eficàcia de les normes dictades pels Estats membres, ni sobre els actes que s’han produït en aplicació d’aquestes. La normativa legal i reglamentària en què es fonamenta l’acord sancionador, en tant no ha estat anul·lada, es troba vigent, sent pertinent la seva aplicació.

Efectivament, encara que Espanya hagi incomplit el termini concedit per la CE, la normativa continua plenament vigent i continuarà sent aplicada, havent declarat Inspecció d’Hisenda que “Establerta pel legislador espanyol l’obligació d’informació, així com el règim sancionador específic, NO competeix a la inspección pronunciar-se sobre l’adequació o no d’aquesta normativa al Dret UE. Per contra, en tant continuï vigent i per tant plenament aplicable, competeix a la Inspecció de l’Estat comprovar el correcte compliment d’aquesta obligació i, si escau, sancionar les possibles infraccions en què s’incorri pel seu incompliment …”

En qualsevol cas, el Model 720 vulnera de manera tan flagrant el Dret UE, tal com posa de manifest el Dictamen Motivat, que la Comissió Europea ha de prendre en breu la decisió d’interposar un recurs per incompliment davant el Tribunal de Justícia de la UE, que probablement acaba anul·lant aquest model 720.

I també és possible que la Justícia espanyola comenci a anul·lar aquestes sancions i conseqüències aplicant la indiscutible primacia del Dret UE o bé decideixi portar el Model 720 davant el *TJUE plantejant una qüestió prejudicial (de conformitat amb el que es preveu en l’article 267 *TFUE).

Ja en aquest moment, i per descomptat quan prengui cartes en l’assumpte el *TJUE, el lògic seria que Hisenda no iniciés nous procediments sancionadors o de comprovació en relació amb el Model 720 i que suspengués els ja iniciats (de conformitat amb l’article 22.1.c) de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Fins avui l’Administració Tributària ha rebutjat suspendre procediments relatius al Model 720, a pesar que la CE va iniciar el procediment d’infracció al novembre de 2015, al·legant que aquesta Llei 39/2015 només s’aplica de forma supletòria als procediments tributaris, i que aquests ja tenen les seves pròpies causes de suspensió, però li ho hauria de replantejar a partir d’ara.

De fet, existint aquest demolidor Dictamen, si Espanya no rectifica i arriba el tema al *TJUE (via recurs per incompliment interposat per CE o via qüestió prejudicial promoguda per algun Tribunal espanyol) les dures sancions i conseqüències previstes en la normativa reguladora del Model 720 poden ser declarades contràries al Dret UE i els “damnificats” tindran dret a ser indemnitzats pels danys causats, per responsabilitat patrimonial de l’Estat legislador, regulada en els articles 32 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. De fet, la Sentència del Tribunal Suprem de 22 de setembre de 2014, recurs 390/2012 va assenyalar en un assumpte similar que “a partir del moment en què la Comissió Europea envia un dictamen motivat a un Estat membre, aquest difícilment pot al·legar desconeixement de les possibles conseqüències del manteniment de la norma, l’acte o la conducta de què es tracti; i és clar que, si la manté a l’espera de la fallada del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el fa al seu propi risc i ventura, no podent després al·legar legítimament mancada de claredat a fi d’eludir la seva responsabilitat patrimonial enfront dels particulars afectats”.

En qualsevol cas, haurem d’esperar com se succeeixen els esdeveniments, de la qual cosa els anirem informant.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.