Certificado AMIANTO en ventas y alquileres en Cataluña

Nueva obligación para las operaciones de compraventa y arrendamiento de inmuebles anteriores a 2002 en Cataluña.
Desde el 3 de octubre de 2026 se encuentra en vigor la Ley 8/2026, de 2 de julio, de erradicación del amianto, que introduce nuevas obligaciones para los propietarios de inmuebles situados en Cataluña.
Si bien dicha Ley precisa aun de un desarrollo reglamentario, entre las medidas previstas por la norma destaca la obligación, ya desde su entrada en vigor, de disponer de un certificado de presencia o ausencia de amianto en determinados supuestos de compraventa o arrendamiento.
Esta nueva exigencia tiene por finalidad reforzar la información disponible para las personas que adquieren o arriendan un inmueble y facilitar la identificación de posibles materiales que contengan amianto.
A continuación exponemos los principales aspectos que deben tenerse en cuenta.
¿En qué consiste el certificado?
La Ley define el certificado de presencia o ausencia de amianto como el documento específico que informa sobre la existencia o inexistencia de amianto en un inmueble en el momento de su emisión.
Mientras no se apruebe el reglamento que debe desarrollar la Ley, el certificado deberá acreditar, como mínimo:
- la presencia o ausencia de amianto visible (en consecuencia, su contenido no debe interpretarse necesariamente como una garantía absoluta de inexistencia de amianto en elementos ocultos, no accesibles o que no puedan ser objeto de inspección visual);
- el estado de conservación de los materiales que contengan amianto, en caso de existir; y
- el riesgo que dichos materiales puedan representar para las personas.
¿Cuándo debe aportarse?
La Ley establece la obligación de entregar el certificado cuando se formalice la venta o el arrendamiento de un inmueble.
Corresponde al propietario facilitar dicho documento al comprador o al arrendatario, según proceda.
Asimismo, la norma atribuye determinadas obligaciones a los administradores de fincas y a otros profesionales que intervienen en este tipo de operaciones, quienes deberán velar por el cumplimiento de esta obligación y prestar asistencia al propietario en su tramitación.
¿A qué inmuebles afecta?
La Agencia de Residuos de Cataluña ha señalado que la exigencia del certificado afecta a los inmuebles anteriores al año 2002.
Esta fecha responde a la prohibición de comercialización de materiales que contienen amianto a partir de dicho año, de modo que los edificios construidos con anterioridad presentan una mayor posibilidad de haber incorporado este tipo de materiales.
En aquellos casos en los que la operación afecte únicamente a una entidad individual dentro de un edificio —por ejemplo, una vivienda, un local o una oficina—, la Agencia de Residuos de Cataluña admite que el certificado pueda referirse exclusivamente a dicha entidad.
¿Quién puede emitir y firmar el certificado?
La Ley prevé que las características del certificado y la competencia profesional necesaria para su emisión sean objeto de desarrollo reglamentario.
No obstante, mientras dicho reglamento no sea aprobado, la Agencia de Residuos de Cataluña ha publicado un modelo básico de certificado y ha concretado los profesionales que pueden emitirlo durante este período transitorio.
De acuerdo con las indicaciones actualmente publicadas, el certificado puede ser emitido por los siguientes profesionales, siempre dentro del ámbito de las competencias profesionales que correspondan en cada caso:
- Arquitectos/as o arquitectos/as técnicos/as
- Ingenieros/as o ingenieros/as técnicos/as
Por tanto, el certificado no constituye una mera declaración del propietario.
Su emisión requiere la realización de una inspección del inmueble y la intervención de un técnico competente, que deberá cumplimentar y firmar el certificado conforme al modelo publicado por la Agencia de Residuos de Cataluña.
En dicho documento, el técnico hará constar el resultado de la inspección, indicando, entre otros extremos, si se ha detectado o no amianto visible y, en caso afirmativo, cuál es el estado de conservación de los materiales y el eventual riesgo que puedan representar.
Debe tenerse presente que esta regulación tiene carácter transitorio. El futuro desarrollo reglamentario podrá concretar con mayor detalle los requisitos técnicos del certificado, el procedimiento de inspección y las competencias profesionales exigibles para su emisión.
Régimen sancionador
La Ley 8/2026 contempla expresamente el incumplimiento de esta obligación dentro de su régimen sancionador.
En concreto, el incumplimiento del deber de entrega del certificado de presencia o ausencia de amianto en los supuestos establecidos legalmente se califica como infracción leve, previéndose multas de entre 100 y 3.000 euros.
No obstante, debe realizarse una precisión relevante: La disposición final séptima de la propia Ley establece que el capítulo relativo al régimen sancionador no entrará en vigor hasta que se apruebe el decreto que lo desarrolle.
En consecuencia, aunque la obligación de obtener y entregar el certificado ya se encuentra vigente, la sanción específica de entre 100 y 3.000 euros prevista por la Ley para el incumplimiento de esta obligación todavía no resulta aplicable mientras no se apruebe el correspondiente desarrollo reglamentario.
Recomendaciones ante una operación de venta o arrendamiento
Cuando se prevea formalizar la venta o el arrendamiento de un inmueble anterior a 2002, resulta aconsejable adoptar las siguientes medidas con carácter previo:
- Comprobar el año de construcción del inmueble.
- Encargar la correspondiente inspección a un técnico competente.
- Obtener el certificado de presencia o ausencia de amianto visible.
- Incorporar el certificado a la documentación que deberá facilitarse al comprador o arrendatario.
- Conservar una copia que permita acreditar el cumplimiento de esta obligación.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración al respecto.
Un cordial saludo.

