Desde el 21 de enero de 2017, y tras la aprobación por el Gobierno del Real Decreto-ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, los afectados por las mismas ya cuentan con un cauce extrajudicial para resolver, de forma sencilla, rápida y gratuita, sus reclamaciones derivadas de las últimas sentencias judiciales, como la de 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El procedimiento será obligatorio para la entidad financiera cuando lo solicite el cliente, y ésta tendrá tres meses para llegar a un acuerdo y resolver las reclamaciones. Aunque la vía judicial siempre está abierta, se trata de evitar el colapso de los Tribunales y permitir que todo el proceso se lleve a cabo con las debidas garantías para el consumidor.

Como ya sabrá por diferentes medios de comunicación, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero -publicado en el BOE de 21 de enero de 2017 y en vigor el mismo día de su publicación-, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que establece una serie de medidas (como consecuencia de la sentencia de 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece la retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo opacas de los contratos hipotecarios, y no sólo desde la Sentencia del 9 de mayo de 2013 de Tribunal Supremo) que tienen por objeto facilitar la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria. 

En él se establece una vía extrajudicial para resolver, de forma sencilla, rápida y gratuita, las reclamaciones de los consumidores. El procedimiento será obligatorio para la entidad financiera cuando lo solicite el cliente, y ésta tendrá tres meses para llegar a un acuerdo y resolver las reclamaciones. Aunque la vía judicial siempre está abierta, se trata de evitar el colapso de los Tribunales y permitir que todo el proceso se lleve a cabo con las debidas garantías para el consumidor.

Le explicamos a continuación los puntos más relevantes que establece la norma:

• Las medidas previstas en la norma se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor.

Es importante tener en cuenta que se entenderá por consumidor cualquier persona física que reúna los requisitos previstos en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. En consecuencia “la persona física que actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión”. Son también consumidores las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

A su vez, se entenderá por cláusula suelo cualquier estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato.

Por tanto, sólo pueden acogerse a la norma consumidores y únicamente en relación con las cláusulas suelo. Así, aquellos empresarios o autónomos que hayan concertado el préstamo para su negocio quedan excluidos por no poder acogerse al mismo.

La norma habilita al Gobierno para regular la extensión del ámbito de aplicación a otros consumidores relacionados con el prestatario de contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria (como por ejemplo, podría ser el caso de los fiadores).

• El procedimiento extrajudicial es voluntario para el consumidor y obligatorio para los bancos cuando lo solicite el cliente. Las entidades financieras tendrán un mes para poner en marcha las medidas necesarias para cumplir con este procedimiento extrajudicial (concluye el 21 de febrero de 2017). Sin embargo, las reclamaciones pueden presentarse ya.

De este modo, los bancos deberán poner a disposición de sus clientes, en todas las oficinas abiertas al público, así como en sus páginas web, la información que se detalla, relacionada con la efectiva ejecución de esta norma. No incluye la obligación de tener un modelo de formulario. Deberán disponer de un departamento o servicio especializado que tenga por objeto atender las reclamaciones presentadas. También deben garantizar que este sistema sea conocido por todos los consumidores con cláusulas suelo en sus contratos. Además informarán a sus clientes de que las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias y comunicarán a la Agencia Tributaria la información relativa a las devoluciones acordadas.

• Se inicia esta vía cuando el consumidor presente la reclamación a su entidad de crédito. Así pues, las entidades de crédito no están obligadas a proponerlo. Tendrá carácter gratuito entre el banco y el consumidor.

Una vez recibida la reclamación, la entidad puede aceptarla o no (en el caso de no admitirla la única vía posible es la vía judicial). Si la admite, deberá remitir al consumidor el cálculo del importe a devolver, que incluye la cantidad pagada de más por la cláusula suelo más los intereses legales de demora que correspondan.

• El consumidor tiene que manifestar si está de acuerdo con la propuesta del banco. En caso de no estar de acuerdo, el cliente siempre podrá acudir a la vía judicial.
• Por defecto, la devolución de lo cobrado de más por las cláusulas suelo será en efectivo, pero existen otras posibilidades como que el cliente y el banco renegocien las condiciones de la hipoteca reduciendo la cuota mensual en un tanto por ciento o amortizando capital. Si prefiere la devolución en efectivo, el banco se lo tendrá que abonar en un plazo máximo de tres meses desde la reclamación inicial. Si las partes acuerdan otra fórmula, la aceptación por parte del cliente será manuscrita tras haber sido debidamente informado del valor económico de la medida alternativa, disponiendo para ello de 15 días.
• Aunque el consumidor haya terminado de pagar su hipoteca, puede acogerse al procedimiento extrajudicial para recuperar el dinero pagado de más en su momento siempre que no haya prescrito la acción.
• Si ya se ha iniciado el procedimiento judicial, pero todavía no ha sido resuelto, el consumidor puede acogerse al procedimiento extrajudicial. En ese caso ambas partes pueden solicitar la suspensión del procedimiento judicial.
• Se prevé una reducción sustancial de los aranceles notariales y registrales derivados de los acuerdos a que puedan llegar las partes como consecuencia de este procedimiento extrajudicial.
• Finalmente, para las cantidades percibidas, se reforma la Ley del IRPF para que, en el caso de devolución de cantidades indebidamente cobradas por cláusulas suelo, se garantice la neutralidad fiscal para el consumidor, excepto aquellas cantidades deducidas por inversión de la vivienda habitual.

Si se encuentra en esta situación, no dude en consultarnos para que analicemos la viabilidad de su posible reclamación. Estamos a su disposición para cualquier aclaración que pueda tener al respecto. 

Un cordial saludo.

Madeha El Harrak Regrag. Abogada

Des del 21 de gener de 2017, i després de l’aprovació pel Govern del Reial decret-llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, els afectats per les mateixes ja compten amb una via extrajudicial per resoldre, de forma senzilla, ràpida i gratuïta, les seves reclamacions derivades de les últimes sentències judicials, com la de 21 de desembre de 2016 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El procediment serà obligatori per a l’entitat financera quan ho sol·liciti el client, i aquesta tindrà tres mesos per arribar a un acord i resoldre les reclamacions. Encara que la via judicial sempre està oberta, es tracta d’evitar el col·lapse dels Tribunals i permetre que tot el procés es dugui a terme amb les degudes garanties per al consumidor.

Com ja sabrà per diferents mitjans de comunicació, el Govern ha aprovat el Reial decret-llei 1/2017, de 20 de gener -publicat en el BOE de 21 de gener de 2017 i en vigor el mateix dia de la seva publicació-, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, que estableix una sèrie de mesures (com a conseqüència de la sentència de 21 de desembre de 2016 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que estableix la retroactivitat total en la devolució de les clàusules sòl opaques dels contractes hipotecaris, i no només des de la Sentència del 9 de maig de 2013 de Tribunal Suprem) que tenen per objecte facilitar la devolució de les quantitats indegudament satisfetes pel consumidor a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària.

En ell s’estableix una via extrajudicial per resoldre, de forma senzilla, ràpida i gratuïta, les reclamacions dels consumidors. El procediment serà obligatori per a l’entitat financera quan ho sol·liciti el client, i aquesta tindrà tres mesos per arribar a un acord i resoldre les reclamacions. Encara que la via judicial sempre està oberta, es tracta d’evitar el col·lapse dels Tribunals i permetre que tot el procés es dugui a terme amb les degudes garanties per al consumidor.

Li expliquem a continuació els punts més rellevants que estableix la norma:

• Les mesures previstes en la norma s’aplicaran als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària que incloguin una clàusula sòl el prestatari de la qual sigui un consumidor.

És important tenir en compte que s’entendrà per consumidor qualsevol persona física que reuneixi els requisits previstos en l’article 3 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. En conseqüència “la persona física que actuï amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió”. Són també consumidors les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuïn sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial.

Al seu torn, s’entendrà per clàusula sòl qualsevol estipulació inclosa en un contracte de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària a tipus variable, o per al tram variable d’un altre tipus de préstec, que limiti a la baixa la variabilitat del tipus d’interès del contracte.

Per tant, només poden acollir-se a la norma consumidors i únicament en relació amb les clàusules sòl. Així, aquells empresaris o autònoms que hagin concertat el préstec per al seu negoci queden exclosos per no poder acollir-se al mateix.

La norma habilita al Govern per regular l’extensió de l’àmbit d’aplicació a altres consumidors relacionats amb el prestatari de contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària (com per exemple, podria ser el cas dels fiadors).

• El procediment extrajudicial és voluntari per al consumidor i obligatori per als bancs quan ho sol·liciti el client. Les entitats financeres tindran un mes per engegar les mesures necessàries per complir amb aquest procediment extrajudicial (conclou el 21 de febrer de 2017). No obstant això, les reclamacions poden presentar-se ja.

D’aquesta manera, els bancs hauran de posar a la disposició dels seus clients, en totes les oficines obertes al públic, així com a les seves pàgines web, la informació que es detalla, relacionada amb l’efectiva execució d’aquesta norma. No inclou l’obligació de tenir un model de formulari. Hauran de disposar d’un departament o servei especialitzat que tingui per objecte atendre les reclamacions presentades. També han de garantir que aquest sistema sigui conegut per tots els consumidors amb clàusules sòl en els seus contractes. A més informaran als seus clients que les devolucions acordades poden generar obligacions tributàries i comunicaran a l’Agència Tributària la informació relativa a les devolucions acordades.

• S’inicia aquesta via quan el consumidor present la reclamació a la seva entitat de crèdit. Així doncs, les entitats de crèdit no estan obligades a proposar-ho. Tindrà caràcter gratuït entre el banc i el consumidor.

Una vegada rebuda la reclamació, l’entitat pot acceptar-la o no (en el cas de no admetre-la l’única via possible és la via judicial). Si l’admet, haurà de remetre al consumidor el càlcul de l’import a retornar, que inclou la quantitat pagada de més per la clàusula sòl més els interessos legals de demora que corresponguin.

• El consumidor ha de manifestar si està d’acord amb la proposta del banc. En cas de no estar d’acord, el client sempre podrà acudir a la via judicial.

• Per defecte, la devolució del cobrat de més per les clàusules sòl serà en efectiu, però existeixen altres possibilitats com que el client i el banc renegociïn les condicions de la hipoteca reduint la quota mensual en una miqueta per cent o amortitzant capital. Si prefereix la devolució en efectiu, el banc l’hi haurà d’abonar en un termini màxim de tres mesos des de la reclamació inicial. Si les parts acorden una altra fórmula, l’acceptació per part del client serà manuscrita després d’haver estat degudament informat del valor econòmic de la mesura alternativa, disposant per a això de 15 dies.

• Encara que el consumidor hagi acabat de pagar la seva hipoteca, pot acollir-se al procediment extrajudicial per recuperar els diners pagats de més al seu moment sempre que no hagi prescrit l’acció.

• Si ja s’ha iniciat el procediment judicial, però encara no ha estat resolt, el consumidor pot acollir-se al procediment extrajudicial. En aquest cas ambdues parts poden sol·licitar la suspensió del procediment judicial.

• Si el consumidor inicia el procediment judicial al no arribar a un acord en la reclamació extrajudicial i la sentència que obté és econòmicament més favorable per a ell, el banc serà condemnat a pagar les costes. Si el client va directament als jutjats i l’entitat de crèdit s’aplana abans del tràmit de contestació a la demanda, l’entitat no serà condemnada en costes: cada part assumirà la seva part de les despeses judicials.

• Es preveu una reducció substancial dels aranzels notarials i registrals derivats dels acords al fet que puguin arribar les parts com a conseqüència d’aquest procediment extrajudicial.

• Finalment, per a les quantitats percebudes, es reforma la Llei de l’IRPF perquè, en el cas de devolució de quantitats indegudament cobrades per clàusules sòl, es garanteixi la neutralitat fiscal per al consumidor, excepte aquelles quantitats deduïdes per inversió de l’habitatge habitual.

Si es troba en aquesta situació, no dubti consultar-nos perquè analitzem la viabilitat de la seva possible reclamació. Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Una cordial salutació.

Madeha El Harrak Regrag. advocada