El cierre del ejercicio social: Las cuentas anuales y la responsabilidad de los administradores

By Published On: 15/02/2016Categories: af-blog

Como ya les hemos informado en otras ocasiones, los administradores de la sociedad están obligados a formular las cuentas anuales de la Compañía en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de cierre del ejercicio social, que si no se estipula otra fecha en los estatutos de la compañía termina el 31 de diciembre de cada año.

También dentro de las obligaciones de los administradores está la de convocar la junta general ordinaria en los seis primeros meses de cada ejercicio, con objeto que sea dicha junta la que, en su caso, apruebe las cuentas anuales del ejercicio anterior, censure la  gestión social y resuelva sobre la aplicación del resultado. (Dicha obligatoriedad de convocatoria no será necesaria cuando se tenga la certeza que la junta vaya a celebrarse con carácter universal).

Posteriormente, dichas cuentas deberán depositarse en el registro mercantil en el que esté inscrita la sociedad con objeto de darle la publicidad exigida por la ley.

El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar las cuentas dentro del plazo establecido, dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista (salvo contadas excepciones), además de la posibilidad de la imposición a la sociedad  de una multa por parte del ICAC (por importe de 1.200 a 60.000 euros aproximadamente según la dimensión de la sociedad infractora).

No obstante lo anterior, no sólo es importante que el Órgano de Administración formule las cuentas y convoque debidamente la correspondiente junta en el plazo legalmente fijado al efecto, sino que además, los administradores deberán tomar decisiones y tener presentes las obligaciones inherentes a su cargo en el cierre del ejercicio social, ya que, en determinadas ocasiones y en caso de una mala gestión, podrán derivarse responsabilidades contra su propia persona y patrimonio como por ejemplo, en el caso de pérdidas acumuladas de la empresa o en los supuestos de concurso de acreedores.

La Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece los presupuestos de dicha responsabilidad al disponer que: “Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales.”

Uno de los supuestos en los que cabría exigir la responsabilidad de los administradores es cuando una sociedad sufre pérdidas que reduzcan su patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social o entra en situación de insolvencia y los administradores no adoptan medidas al respecto (o bien las adoptan tarde). En estos casos y en aras a evitar una posible responsabilidad,  los administradores están obligados a convocar a los socios a una junta general  en el plazo de dos meses para que adopten los acuerdos necesarios para superar esa situación desequilibrio patrimonial (por ejemplo, a través de una ampliación y/o reducción de capital) o, en caso contrario, acuerden disolver la sociedad o solicitar el concurso de acreedores, según proceda.

(Téngase presente que en aquellos casos en que las pérdidas son significativas, se presume que el administrador debe conocer dicha situación, como mínimo, al cierre del ejercicio).

De esta manera, si el administrador no convoca Junta en el citado plazo de dos meses, podrá  ser declarado responsable a título personal de las deudas de la sociedad.

A su vez, si  pesar de haber convocado debidamente la Junta por el Órgano de Administración, la misma no llegara finalmente a celebrarse o no se logra alcanzar en ella ninguno de los anteriores acuerdos, los administradores estarán obligados a solicitar ante el juzgado la disolución o el concurso de la sociedad también en el plazo de dos meses desde la fecha en que se celebró o debió celebrarse la junta.

De esta manera, en el supuesto que los administradores no cumplan con las obligaciones legalmente impuestas para el caso de insolvencia o graves pérdidas de la Compañía, éstos responderán directamente con su propio patrimonio de las deudas que contraiga la sociedad con posterioridad al momento en que el patrimonio neto se situó por debajo de la mitad del capital social o se produjo la insolvencia de la sociedad. (En estos casos, la carga de la prueba será de los administradores quienes tendrán que demostrar que las deudas existían con anterioridad a ese momento para evitar tener que responder de las mismas).

Indicarse que dicha responsabilidad es solidaria,  esto es, se le puede exigir directamente y en su totalidad a cualquiera de los administradores (en caso de haber más de uno), sin necesidad de demandar a la sociedad o al resto de ellos.

Por ello, si algún acreedor de la sociedad ejercitase una acción judicial de responsabilidad contra la sociedad y el administrador, por ser posible o probable que la sociedad haya incurrido en una causa legal de disolución, la presunción de negligencia o culpa del administrador en el ejercicio de sus funciones se refuerza con la falta de información registral  y, por tanto, la  imposibilidad para el acreedor de conocer la situación financiera de la compañía. Es decir, se produce la inversión de la carga de la prueba y corresponde al administrador demostrar que la sociedad demandada no está en causa de disolución o liquidación.

En definitiva, la condena personal y solidaria al pago de las deudas sociales con los patrimonios personales de los administradores por las deudas de las sociedades, en el caso de haber incumplido con las obligaciones inherentes a su cargo, como son convocar la junta general para acordar la necesaria disolución y liquidación de la sociedades cuando se encuentra incursa en las causas legalmente establecidas, se ven facilitadas por la inversión de la carga de la prueba que ha sido motivada por no haber depositado de las  cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Finalmente, nos gustaría también remarcar el hecho de la importancia de formular las cuentas de conformidad a la situación real económico-financiera de la Sociedad.  En este sentido, los Administradores deben ser también muy conscientes que la alteración «significativa» de las cuentas anuales que supongan una modificación de la realidad patrimonial de la sociedad, en perjuicio de la propia sociedad o de terceros, pueden derivar incluso en penas privativas de libertad y multa para los mismos según tipifica el código penal en su artículo 290.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Com ja els hem informat en altres ocasions, els administradors de la societat estan obligats a formular els comptes anuals de la Companyia en el termini màxim de tres mesos des de la data de tancament de l’exercici social, que si no s’estipula una altra data en els estatuts de la companyia acaba el 31 de desembre de cada any.

També dins de les obligacions dels administradors està la de convocar la junta general ordinària en els sis primers mesos de cada exercici, amb objecte que sigui aquesta junta la que, si escau, aprovi els comptes anuals de l’exercici anterior, censuri la gestió social i resolgui sobre l’aplicació del resultat. (Aquesta obligatorietat de convocatòria no serà necessària quan es tingui la certesa que la junta vagi a celebrar-se amb caràcter universal).

Posteriorment, aquests comptes hauran de dipositar-se en el registre mercantil en el qual estigui inscrita la societat a fi de donar-li la publicitat exigida per la llei.

L’incompliment per l’òrgan d’administració de l’obligació de dipositar els comptes dins del termini establert, donarà lloc al fet que no s’inscrigui en el Registre Mercantil document algun referit a la societat mentre l’incompliment persisteixi (excepte explicades excepcions), a més de la possibilitat de la imposició a la societat d’una multa per part de l’ICAC (per import d’1.200 a 60.000 euros aproximadament segons la dimensió de la societat infractora).

No obstant l’anterior, no només és important que l’Òrgan d’Administració formuli els comptes i convoqui degudament la corresponent junta en el termini legalment fixat a aquest efecte sinó que a més, els administradors hauran de prendre decisions i tenir presents les obligacions inherents al seu càrrec en el tancament de l’exercici social, ja que, en determinades ocasions i en cas d’una mala gestió, podran derivar-se responsabilitats contra la seva pròpia persona i patrimoni com per exemple, en el cas de pèrdues acumulades de l’empresa o en els supòsits de concurs de creditors.

La Llei de Societats de Capital (LSC) estableix els pressupostos d’aquesta responsabilitat en disposar que: “Els administradors respondran enfront de la societat, enfront dels socis i enfront dels creditors socials, del dany que causin per actes o omissions contraris a la llei o als estatuts o pels realitzats incomplint els deures inherents a l’acompliment del càrrec, sempre que hagi intervingut dol o culpa. La culpabilitat es presumirà, excepte prova en contrari, quan l’acte sigui contrari a la llei o als estatuts socials.”

Un dels supòsits en els quals caldria exigir la responsabilitat dels administradors és quan una societat sofreix pèrdues que redueixin el seu patrimoni net per sota de la meitat del capital social o entra en situació d’insolvència i els administradors no adopten mesures sobre aquest tema (o bé les adopten tarda). En aquests casos i per evitar una possible responsabilitat, els administradors estan obligats a convocar als socis a una junta general en el termini de dos mesos perquè adoptin els acords necessaris per superar aquesta situació desequilibri patrimonial (per exemple, a través d’una ampliació i/o reducció de capital) o, en cas contrari, acordin dissoldre la societat o sol·licitar el concurs de creditors, segons com pertocarà.

(Tingui’s present que en aquells casos en què les pèrdues són significatives, es presumeix que l’administrador ha de conèixer aquesta situació, com a mínim, al tancament de l’exercici).

D’aquesta manera, si l’administrador no convoca Junta en el citat termini de dos mesos, podrà ser declarat responsable a títol personal dels deutes de la societat.

Al seu torn, si pesar d’haver convocat degudament la Junta per l’Òrgan d’Administració, la mateixa no arribés finalment a celebrar-se o no s’aconsegueix aconseguir en ella cap dels anteriors acords, els administradors estaran obligats a sol·licitar davant el jutjat la dissolució o el concurs de la societat també en el termini de dos mesos des de la data en què es va celebrar o va haver de celebrar-se la junta.

D’aquesta manera, en el supòsit que els administradors no compleixin amb les obligacions legalment imposades per al cas d’insolvència o greus pèrdues de la Companyia, aquests respondran directament amb el seu propi patrimoni dels deutes que contregui la societat amb posterioritat al moment en què el patrimoni net es va situar per sota de la meitat del capital social o es va produir la insolvència de la societat. (En aquests casos, la càrrega de la prova serà dels administradors els qui hauran de demostrar que els deutes existien amb anterioritat a aquest moment per evitar haver de respondre de les mateixes).

Indicar-se que aquesta responsabilitat és solidària, això és, se li pot exigir directament i íntegrament a qualsevol dels administradors (en cas d’haver-hi més d’un), sense necessitat de demandar a la societat o a la resta d’ells.

Per això, si algun creditor de la societat exercités una acció judicial de responsabilitat contra la societat i l’administrador, per ser possible o probable que la societat hagi incorregut en una causa legal de dissolució, la presumpció de negligència o culpa de l’administrador en l’exercici de les seves funcions es reforça amb la falta d’informació registral i, per tant, la impossibilitat per al creditor de conèixer la situació financera de la companyia. És a dir, es produeix la inversió de la càrrega de la prova i correspon a l’administrador demostrar que la societat demandada no està en causa de dissolució o liquidació.

En definitiva, la condemna personal i solidària al pagament dels deutes socials amb els patrimonis personals dels administradors pels deutes de les societats, en el cas d’haver incomplit amb les obligacions inherents al seu càrrec, com són convocar la junta general per acordar la necessària dissolució i liquidació de la societats quan es troba culpable en les causes legalment establertes, es veuen facilitades per la inversió de la càrrega de la prova que ha estat motivada per no haver dipositat dels comptes anuals en el Registre Mercantil.

Finalment, ens agradaria també remarcar el fet de la importància de formular els comptes de conformitat a la situació real economicofinancera de la Societat. En aquest sentit, els Administradors han de ser també molt conscients que l’alteració «significativa» dels comptes anuals que suposin una modificació de la realitat patrimonial de la societat, en perjudici de la pròpia societat o de tercers, poden derivar fins i tot en penes privatives de llibertat i multa per als mateixos segons tipifica el codi penal en el seu article 290.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

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