El CORONAVIRUS y su efecto en el in/cumplimiento de los contratos

por | Mar 20, 2020 | Evento

Estamos viviendo unos momentos muy complicados en los que se está produciendo una situación totalmente excepcional e imprevisible que ha conllevado el paro de prácticamente toda la sociedad mundial. El confinamiento decretado desde el pasado fin de semana por el Gobierno de España (y de otros múltiples países) se ha traducido no solo en la incomodidad de no poder salir de casa, sino en la desesperación de muchas empresas y negocios por tener que cerrar sus puertas y cesar su actividad, sobre todo aquellos que no pueden seguir desarrollándola mediante el teletrabajo.
El cierre de empresas y negocios tiene, entre otras graves consecuencias, la imposibilidad de cumplir con los compromisos contractuales adquiridos, con el consiguiente impacto económico que ello conlleva y que afectará, indudablemente y en un claro efecto dominó, a las relaciones contractuales que unos mantienen con otros.
En esta Newsletter analizamos estos posibles incumplimientos y qué medidas debemos adoptar.
FUERZA MAYOR:
¿Cuándo nos hallamos ante un supuesto de fuerza mayor?
Frente un acontecimiento como el que actualmente acaece a nivel mundial, lo primero que cabe preguntarse es si el mismo puede considerarse como un evento de fuerza mayor, siendo la respuesta, a nuestro parecer, afirmativa.
En un contrato, cada parte es responsable de dar cumplimiento a lo que se ha obligado, en virtud del principio pacta sunt servanda (lo pactado debe cumplirse).
Pero, ¿qué ocurre cuando la voluntad de cumplimento existe, pero la imprevisibilidad y ajenidad de determinadas circunstancias impide hacerlo, o, al menos, en la manera como se pactó? Es en estos casos cuando cabe analizar si estamos o no frente a un supuesto de fuerza mayor.
El artículo 1.105 del Código Civil se refiere a los supuestos de fuerza mayor y caso fortuito cuando establece que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.
Los requisitos para considerar la concurrencia de fuerza mayor, según el Tribunal Supremo (salvo que el contrato o la ley establezcan otra cosa) son los siguientes:
a) que se trate de acontecimientos que sean imprevisibles, por exceder del curso normal de la vida, o que, previstos, sean inevitables, insuperables o irresistibles;
b) que no se deban a la voluntad del presunto deudor;
c) que hagan imposible el cumplimiento de una obligación previamente contraída o impida el nacimiento de la que pueda sobrevenir; y
d) que, entre dicho resultado y el evento que lo produjo, exista un nexo de causalidad eficiente.
Dicho artículo resulta de aplicación, con carácter general, en aquellos supuestos en los que el cumplimiento de la obligación contractual por el deudor queda afectado por un evento que pueda calificarse como de fuerza mayor.
Exención contractual:
Viene siendo habitual la introducción en los contratos de cláusulas de fuerza mayor como instrumentos de exención contractual de responsabilidad del deudor.
Con carácter general, este tipo de cláusulas exigen que se produzcan acontecimientos que tengan una influencia externa en el contrato, que no se haya podido prever, que no se hayan podido evitar por medidas propias y que hayan impedido o, en todo caso, perjudicado gravemente, el cumplimiento de las partes contratantes. Además, en las mismas se regulan obligaciones de información mutua y de reducción de daños, suspensión temporal de los derechos y obligaciones contractuales, asunción de los gastos por las consecuencias de la fuerza mayor y posibilidad de rescisión del contrato.
Consecuencias de la concurrencia de fuerza mayor:
En caso de incumplimiento contractual, rige el principio general de las obligaciones sinalagmáticas prevista en el artículo 1.124 del Código Civil, que deja en manos de la parte cumplidora la facultad de escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos
Sin embargo, la parte la parte incumplidora puede alegar causa de fuerza mayor. La consecuencia de la alegación de causa de fuerza mayor por la parte que incumpla no es la total exoneración del cumplimiento de su obligación, sino la exención de responsabilidad por dicho incumplimiento mientras dure el evento constitutivo de fuerza mayor, quedando excluida de cualquier indemnización por daños y perjuicios. Por tanto, el deudor no deja de estar obligado al cumplimiento de su obligación (si ello es todavía posible), pero el acreedor no podrá reclamar al deudor una eventual indemnización por los daños y perjuicios.
Es importante incidir en que la aplicación de los supuestos de fuerza mayor no resulta obvio y que ante un previsible incumplimiento (o dificultad para el cumplimiento) de las obligaciones asumidas en virtud de un contrato como consecuencia de un hecho de fuerza mayor como es el caso del COVID-19, la parte que pretenda alegar esta cláusula deberá actuar con cautela y guardar prueba documental o de otro tipo para demostrar que actuó con la debida diligencia y que tomó todas las medidas a su alcance para la prevención o mitigación de los daños. No debe probar el hecho notorio de la pandemia, sino la afectación de la misma a la imposible prestación o cumplimiento de su obligación contractual.
En consecuencia, en los supuestos en que se alegue fuerza mayor, deberá analizarse, caso por caso, la exoneración de responsabilidad y el alcance de las obligaciones contractuales subsistentes sin perder nunca de vista lo estipulado en el contrato para supuestos de fuerza mayor.

DOCTRINA REBUS SIC STANTIBUS
A título subsidiario, especialmente si el contrato no permite la invocación de las medidas adoptadas para frenar la expansión del COVID-19 como constitutivas de fuerza mayor, cabe la posibilidad de que las partes puedan acogerse a la doctrina rebus sic stantibus.
¿Qué es la doctrina rebus sic stantibus?
Cuando se produce una situación de desequilibrio de las prestaciones contractuales por motivo de circunstancias sobrevenidas y totalmente fuera del poder de actuación de las partes, el ordenamiento jurídico español cuenta con una figura que pretende dar solución a dicha situación, conocida como cláusula rebus sic stantibus.
Dado que no es una cláusula que se halle en ningún precepto legal, sino que es el resultado del trabajo de nuestra jurisprudencia y doctrina, son los tribunales los que han determinado que la misma puede resultar de aplicación cuando, a grandes rasgos, exista:
a) Alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato, en relación con las concurrentes en el momento de su celebración;
b) Una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes que rompa su equivalencia; y
c) Que todo ello acontezca por la sobreveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles.
Resulta importante destacar que la misma no tiene efectos rescisorios, resolutorios o extintivos del contrato sino, únicamente, efectos modificativos del mismo, encaminados a compensar el desequilibrio de las prestaciones entre las partes, es decir: los efectos de los contratos afectados son suspendidos y modificadas las cláusulas y las condiciones que han dado lugar a la existencia de estas obligaciones.
Dicho esto, cabe entender que decretar el estado de alarma por el Gobierno de España a causa de un contagio masivo de la población y la paralización de la actividad productiva y de la libertad de desplazamiento de los ciudadanos es una clara circunstancia extraordinaria e imprevisible que puede llevar a la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus.
¿Cuándo aplica la doctrina rebus sic stantibus a los contratos?
La jurisprudencia aplica con mucha cautela esta cláusula, y únicamente bajo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. El carácter sobrevenido de las circunstancias que afectan al contrato, es decir, circunstancias que han acaecido con posterioridad a la constitución de la obligación contractual.
2. La imprevisibilidad del cambio de las circunstancias, es decir, que las partes no hayan podido considerar en ningún caso, en el momento de la celebración del contrato, que pudieran producirse dichas circunstancias.
3. Que el cambio de las circunstancias no sea imputable a ninguna de las partes, y, en consecuencia, exista una causalidad directa entre la circunstancia y la afectación al contrato.
4. Debe afectar a la base económica del contrato y suponer una alteración económica extraordinaria.
5. Debe provocar una ruptura de la equivalencia de las prestaciones entre las partes o excesiva onerosidad, es decir, debe conllevar una alteración fundamental en el equilibro del contrato con la contraprestación que se recibe de la otra parte.
6. La excesiva onerosidad debe significar una alteración importante del contrato en términos económicos, pero no debe provocar la imposibilidad de cumplimiento del mismo.
A la vista de lo anteriormente expuesto, cabe suponer que la crisis provocada por la situación de alarma nacional debida al COVID-19 es un hecho claramente imprevisible y sobrevenido, no imputable a las partes contractuales, que puede afectar a la base económica de los contratos y afectar al equilibrio de las prestaciones entre las partes, extremos que, en su caso, deberán probarse.
Asimismo, la nueva doctrina creada por las últimas sentencias del Tribunal Supremo (sobre todo después de la crisis económica sufrida en España durante el año 2008), reconoce que una situación económica extraordinaria como la que se ha producido a causa del coronavirus y la próxima recesión económica que, indudablemente, se va a producir puede ser considerada como un cambio imprevisible y extraordinario capaz de alterar las bases de los contratos.
Por último, y al igual que en los supuestos de fuerza mayor, hay que destacar que es habitual que en los contratos esté contemplada una cláusula de riesgo legal o regulatorio que contemple aquellos supuestos en que, merced a medidas legislativas o gubernamentales, sobrevengan cambios en el equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes que resulten del contrato.
¿A qué contratos aplica?
La jurisprudencia ha declarado que la cláusula rebus sic stantibus no se aplica a todos los contratos, sino únicamente a los conocidos como contratos de trato sucesivo, es decir, aquellos contratos a largo plazo y de ejecución diferida en el tiempo y solo cuando los mismos han sufrido una alteración extraordinaria o una desproporción, totalmente imprevisible, entre las pretensiones de las partes de tal manera que a una de ellas le resulta absolutamente imposible el cumplimiento de la obligación.
Cuando hablamos de contratos de trato sucesivo nos estamos refiriendo, por ejemplo, a contratos de arrendamiento, contratos de suministro, préstamos con garantía hipotecaria, etc.
En estos contratos es posible, mediante la cláusula rebus sic stantibus, atemperar o modular las cláusulas pactadas ante las posibles situaciones de incumplimiento que ya se están produciendo y que estamos estudiando en nuestro despacho, tales como, por ejemplo, incumplimiento de la obligación de pago de rentas en los contratos de arrendamiento (por motivo, por ejemplo, de falta de ingresos por cierre de negocio), o incumplimientos en el pago de contratos de suministro, incumplimientos que, en definitiva, no vienen provocados por causa imputable a ninguna de las partes.
Consecuencias de aplicar la doctrina rebus sic stantibus
Si se dan las circunstancias para la aplicación de la doctrina rebus sic stantibus, las consecuencias serían o bien una mera modificación o suspensión temporal del contrato o bien su resolución judicial, en cuyo caso aplicará el mismo principio de exención de responsabilidad por daños y perjuicios que hemos apuntado para los supuestos de fuerza mayor.
Resulta necesario destacar que la solución a favor de la modificación o suspensión temporal del contrato a fin de dar salida a la posibilidad de cumplir cuando desaparezcan las causas inevitables y ajenas por completo a la parte que debía cumplir su prestación del contrato, es la aplicada de manera preferente por la Jurisprudencia al ser más acorde con el principio de conservación de los actos y negocios contractuales (favor contractus).

CONCLUSIONES

La pandemia del coronavirus puede constituir un supuesto de fuerza mayor con el efecto liberatorio del cumplimiento de obligaciones y exención de responsabilidad contractual de nuestro Código Civil.
En el caso de que el contrato tenga previsiones específicas sobre tales supuestos habrá que estar a lo pactado.
Cabe, en caso de que no proceda la invocación de la fuerza mayor, considerar, si se dan los presupuestos exigidos para ello, la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, que permite, por regla general, y siempre que se respeten las exigencias derivadas de la buena fe contractual, exigir una modificación del contrato, con el fin de adaptarlo a las nuevas circunstancias.

QUÉ MEDIDAS PODEMOS ADOPTAR
Inevitablemente, durante las próximas semanas acaecerán muchas situaciones derivadas directamente de la pandemia que estamos viviendo que implicarán una imposibilidad temporal de cumplimiento de los contratos, en efecto dominó: el confinamiento conllevará que las empresas y los negocios permanezcan cerrados, lo cual implicará problemas de liquidez en las empresas, que no podrán hacer frente a sus obligaciones de pago (p.ej. alquiler, suministros, etc.). A su vez, las empresas arrendadoras no podrán hacer frente a sus deudas por falta de ingreso de las rentas y así sucesivamente …
Tenemos que ser conscientes, por tanto, que esta situación conllevará la necesidad de tomar decisiones y acciones específicas de indudable repercusión jurídica, las cuales deberán adoptarse desde una óptica jurídica multidisciplinar, valorando los efectos que cada una de dichas acciones u omisiones pueden tener en cuanto al cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, pero también en el futuro de nuestras relaciones con terceros.
En este contexto, recomendamos tomar una serie de medidas dirigidas a prepararnos ante estas eventualidades:
1. Revisión de los contratos a efectos de examinar si existe una cláusula de fuerza mayor y qué consecuencias prevé. En caso afirmativo, como lo más probable es que no se haya previsto esta pandemia, hay que analizar si la relación de casos previstos en la cláusula contractual como de fuerza mayor constituye una mera enumeración ejemplificativa o abierta (numerus apertus) o una lista cerrada (numerus clausus), en cuyo caso será necesario realizar un estudio exhaustivo del contrato a efectos de interpretar dicha cláusula con el conjunto de previsiones contractuales. 
2. Revisión de las pólizas de seguros para analizar el alcance de las coberturas contratadas, los procedimientos y plazos a tener en cuenta a los efectos de comunicar potenciales daños, identificar las circunstancias que agravan los riesgos contratados y los deberes que de ello resultan, etc.
3. Adopción de medidas para mitigar los daños, dado que la fuerza mayor solo opera, según se ha comentado, cuando se han agotado los medios para el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
4. Documentar cualquier acción que se esté llevando a cabo para mitigar o planificar las consecuencias de la pandemia.
5. Determinar la ley aplicable a cada contrato, ya que el concepto jurídico de fuerza mayor y sus posibles consecuencias legales puede diferir en función del derecho aplicable.
6. Deber de diligencia del órgano de administración, adoptando las medidas precisas para la debida dirección y control de la empresa también ante esta circunstancia, analizándose si las acciones u omisiones que puedan o deban adoptarse por razón del COVID-19 y sus efectos pueden ser fuente de responsabilidad civil (o incluso penal).
7. Ante un posible escenario de litigiosidad, hay que anticiparse y evitar actos propios que resulten de decisiones en otros ámbitos de la empresa, decidir la mejor forma de preconstituir prueba y medir muy bien el tenor de los acuerdos de resolución contractual o transaccionales para asegurar que cubren de forma adecuada y suficiente a la empresa frente a reclamaciones de terceros ajenos a los mismos. 
En conclusión, podrán darse multitud de situaciones que requerirán de una atención individualizada, caso por caso, en función del tipo de industria y bajo una perspectiva legal, para examinar cuidadosamente y de manera particular las relaciones contractuales existentes a efectos de hallar una solución aceptable para ambas partes.
Desde ASESORIA FINANCIERA nos ponemos a su disposición para estudiar su caso y acompañarle en la toma de medidas dirigidas a solventar esta situación, ofreciéndole las soluciones más acordes a su negocio. Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Estem vivint uns moments molt complicats en els quals s’està produint una situació totalment excepcional i imprevisible que ha comportat l’atur de pràcticament tota la societat mundial. El confinament decretat des del passat cap de setmana pel Govern d’Espanya (i d’altres múltiples països) s’ha traduït no sols en la incomoditat de no poder sortir de casa, sinó en la desesperació de moltes empreses i negocis per haver de tancar les seves portes i cessar la seva activitat, sobretot aquells que no poden continuar desenvolupant-la mitjançant el teletreball.


El tancament d’empreses i negocis té, entre altres greus conseqüències, la impossibilitat de complir amb els compromisos contractuals adquirits, amb el consegüent impacte econòmic que això comporta i que afectarà, indubtablement i en un clar efecte va dominar, a les relacions contractuals que uns mantenen amb uns altres.
En aquesta *Newsletter analitzem aquests possibles incompliments i quines mesures hem d’adoptar.

FORÇA MAJOR:

Quan ens trobem davant un supòsit de força major?

Front un esdeveniment com el que actualment esdevé a nivell mundial, el primer que cal preguntar-se és si el mateix pot considerar-se com un esdeveniment de força major, sent la resposta, al nostre parer, afirmativa.

En un contracte, cada part és responsable de donar compliment al que s’ha obligat, en virtut del principi pacta sunt servanda (els pactes ha de complir-se).

Però, què ocorre quan la voluntat d’empleno existeix, però la imprevisibilitat i alienitat de determinades circumstàncies impedeix fer-ho, o, almenys, en la manera com es va pactar? És en aquests casos quan cal analitzar si estem o no enfront d’un supòsit de força major.

L’article 1.105 del Codi Civil es refereix als supòsits de força major i cas fortuït quan estableix que fora dels casos expressament esmentats en la llei, i dels en què així ho declari l’obligació, ningú respondrà d’aquells successos que no haguessin pogut preveure’s, o que, previstos, fossin inevitables.

Els requisits per a considerar la concurrència de força major, segons el Tribunal Suprem (tret que el contracte o la llei estableixin una altra cosa) són els següents:

a) que es tracti d’esdeveniments que siguin imprevisibles, per excedir del curs normal de la vida, o que, previstos, siguin inevitables, insuperables o irresistibles;

b) que no es deguin a la voluntat del presumpte deutor;

c) que facin impossible el compliment d’una obligació prèviament contreta o impedeixi el naixement de la qual pugui sobrevenir; i

d) que, entre aquest resultat i l’esdeveniment que el va produir, existeixi un nexe de causalitat eficient.

Aquest article resulta d’aplicació, amb caràcter general, en aquells supòsits en els quals el compliment de l’obligació contractual pel deutor queda afectat per un esdeveniment que pugui qualificar-se com de força major.

Exempció contractual:

És habitual la introducció en els contractes de clàusules de força major com a instruments d’exempció contractual de responsabilitat del deutor.

Amb caràcter general, aquest tipus de clàusules exigeixen que es produeixin esdeveniments que tinguin una influència externa en el contracte, que no s’hagi pogut preveure, que no s’hagin pogut evitar per mesures pròpies i que hagin impedit o, en tot cas, perjudicat greument, el compliment de les parts contractants. A més, en les mateixes es regulen obligacions d’informació mútua i de reducció de danys, suspensió temporal dels drets i obligacions contractuals, assumpció de les despeses per les conseqüències de la força major i possibilitat de rescissió del contracte.

Conseqüències de la concurrència de força major:

En cas d’incompliment contractual, regeix el principi general de les obligacions sinal·lagmàtiques prevista en l’article 1.124 del Codi Civil, que deixa en mans de la part complidora la facultat de triar entre exigir el compliment o la resolució de l’obligació, amb el rescabalament de danys i abonament d’interessos en tots dos casos

No obstant això, la part la part incomplidora pot al·legar causa de força major. La conseqüència de l’al·legació de causa de força major per la part que incompleixi no és la total exoneració del compliment de la seva obligació, sinó l’exempció de responsabilitat per aquest incompliment mentre duri l’esdeveniment constitutiu de força major, quedant exclosa de qualsevol indemnització per danys i perjudicis. Per tant, el deutor no deixa d’estar obligat al compliment de la seva obligació (si això és encara possible), però el creditor no podrà reclamar al deutor una eventual indemnització pels danys i perjudicis.

És important incidir en què l’aplicació dels supòsits de força major no resulta obvi i que davant un previsible incompliment (o dificultat per al compliment) de les obligacions assumides en virtut d’un contracte a conseqüència d’un fet de força major com és el cas del *COVID-19, la part que pretengui al·legar aquesta clàusula haurà d’actuar amb cautela i guardar prova documental o d’un altre tipus per a demostrar que va actuar amb la deguda diligència i que va prendre totes les mesures al seu abast per a la prevenció o mitigació dels danys. No ha de provar el fet notori de la pandèmia, sinó l’afectació de la mateixa a la impossible prestació o compliment de la seva obligació contractual.

En conseqüència, en els supòsits en què s’al·legui força major, haurà d’analitzar-se, cas per cas, l’exoneració de responsabilitat i l’abast de les obligacions contractuals subsistents sense perdre mai de vista l’estipulat en el contracte per a supòsits de força major.

DOCTRINA *REBUS SIC *STANTIBUS

A títol subsidiari, especialment si el contracte no permet la invocació de les mesures adoptades per a frenar l’expansió del *COVID-19 com a constitutives de força major, hi ha la possibilitat que les parts puguin acollir-se a la doctrina *rebus sic *stantibus.

Què és la doctrina *rebus sic *stantibus?

Quan es produeix una situació de desequilibri de les prestacions contractuals per motiu de circumstàncies sobrevingudes i totalment fora del poder d’actuació de les parts, l’ordenament jurídic espanyol compta amb una figura que pretén donar solució a aquesta situació, coneguda com a clàusula *rebus sic *stantibus.

Atès que no és una clàusula que es trobi en cap precepte legal, sinó que és el resultat del treball de la nostra jurisprudència i doctrina, són els tribunals els que han determinat que la mateixa pot resultar d’aplicació quan, a grans trets, existeixi:

a) Alteració extraordinària de les circumstàncies en el moment de complir el contracte, en relació amb les concurrents en el moment de la seva celebració;

b) Una desproporció exorbitant, fora de tot càlcul, entre les prestacions de les parts contractants que trenqui la seva equivalència; i

c) Que tot això esdevingui per la *sobreveniencia de circumstàncies radicalment imprevisibles.

Resulta important destacar que la mateixa no té efectes rescissoris, resolutoris o extintius del contracte sinó, únicament, efectes modificatius d’aquest, encaminats a compensar el desequilibri de les prestacions entre les parts, és a dir: els efectes dels contractes afectats són suspesos i modificades les clàusules i les condicions que han donat lloc a l’existència d’aquestes obligacions.

Dit això, cal entendre que decretar l’estat d’alarma pel Govern d’Espanya a causa d’un contagi massiu de la població i la paralització de l’activitat productiva i de la llibertat de desplaçament dels ciutadans és una clara circumstància extraordinària i imprevisible que pot portar a l’aplicació de la clàusula *rebus sic *stantibus.

Quan aplica la doctrina *rebus sic *stantibus als contractes?

La jurisprudència aplica amb molta cautela aquesta clàusula, i únicament sota el compliment dels següents requisits:

1. El caràcter sobrevingut de les circumstàncies que afecten el contracte, és a dir, circumstàncies que han esdevingut amb posterioritat a la constitució de l’obligació contractual.

2. La imprevisibilitat del canvi de les circumstàncies, és a dir, que les parts no hagin pogut considerar en cap cas, en el moment de la celebració del contracte, que poguessin produir-se aquestes circumstàncies.

3. Que el canvi de les circumstàncies no sigui imputable a cap de les parts, i, en conseqüència, existeixi una causalitat directa entre la circumstància i l’afectació al contracte.

4. Ha d’afectar la base econòmica del contracte i suposar una alteració econòmica extraordinària.

5. Ha de provocar una ruptura de l’equivalència de les prestacions entre les parts o excessiva *onerosidad, és a dir, ha de comportar una alteració fonamental en l’equilibro del contracte amb la contraprestació que es rep de l’altra part.

6. L’excessiva *onerosidad ha de significar una alteració important del contracte en termes econòmics, però no ha de provocar la impossibilitat de compliment d’aquest.

A la vista de l’anteriorment exposat, cal suposar que la crisi provocada per la situació d’alarma nacional deguda al *COVID-19 és un fet clarament imprevisible i sobrevingut, no imputable a les parts contractuals, que pot afectar la base econòmica dels contractes i afectar l’equilibri de les prestacions entre les parts, extrems que, en el seu cas, hauran de provar-se.

Així mateix, la nova doctrina creada per les últimes sentències del Tribunal Suprem (sobretot després de la crisi econòmica soferta a Espanya durant l’any 2008), reconeix que una situació econòmica extraordinària com la que s’ha produït a causa del *coronavirus i la pròxima recessió econòmica que, indubtablement, es produirà pot ser considerada com un canvi imprevisible i extraordinari capaç d’alterar les bases dels contractes.

Finalment, i igual que en els supòsits de força major, cal destacar que és habitual que en els contractes estigui contemplada una clàusula de risc legal o regulador que contempli aquells supòsits en què, gràcies a mesures legislatives o governamentals, sobrevinguin canvis en l’equilibri dels drets i obligacions de les parts que resultin del contracte.

A quins contractes aplica?

La jurisprudència ha declarat que la clàusula *rebus sic *stantibus no s’aplica a tots els contractes, sinó únicament als coneguts com a contractes de tracte successiu, és a dir, aquells contractes a llarg termini i d’execució diferida en el temps i solo quan els mateixos han sofert una alteració extraordinària o una desproporció, totalment imprevisible, entre les pretensions de les parts de tal manera que a una d’elles li resulta absolutament impossible el compliment de l’obligació.

Quan parlem de contractes de tracte successiu ens estem referint, per exemple, a contractes d’arrendament, contractes de subministrament, préstecs amb garantia hipotecària, etc.

En aquests contractes és possible, mitjançant la clàusula *rebus sic *stantibus, temperar o modular les clàusules pactades davant les possibles situacions d’incompliment que ja s’estan produint i que estem estudiant en el nostre despatx, com ara, per exemple, incompliment de l’obligació de pagament de rendes en els contractes d’arrendament (per motiu, per exemple, de falta d’ingressos per tancament de negoci), o incompliments en el pagament de contractes de subministrament, incompliments que, en definitiva, no vénen provocats per causa imputable a cap de les parts.

Conseqüències d’aplicar la doctrina *rebus sic *stantibus

Si es donen les circumstàncies per a l’aplicació de la doctrina *rebus sic *stantibus, les conseqüències serien o bé una mera modificació o suspensió temporal del contracte o bé la seva resolució judicial, i en aquest cas aplicarà el mateix principi d’exempció de responsabilitat per danys i perjudicis que hem apuntat per als supòsits de força major.

Resulta necessari destacar que la solució a favor de la modificació o suspensió temporal del contracte a fi de donar sortida a la possibilitat de complir quan desapareguin les causes inevitables i alienes per complet a la part que havia de complir la seva prestació del contracte, és l’aplicada de manera preferent per la Jurisprudència en ser més d’acord amb el principi de conservació dels actes i negocis contractuals (favor *contractus).

CONCLUSIONS

La pandèmia del *coronavirus pot constituir un supòsit de força major amb l’efecte deslliurador del compliment d’obligacions i exempció de responsabilitat contractual del nostre Codi Civil.
En el cas que el contracte tingui previsions específiques sobre tals suposats caldrà estar als pactes.

Cap, en cas que no procedeixi la invocació de la força major, considerar, si es donen els pressupostos exigits per a això, l’aplicació de la clàusula *rebus sic *stantibus, que permet, per regla general, i sempre que es respectin les exigències derivades de la bona fe contractual, exigir una modificació del contracte, amb la finalitat d’adaptar-lo a les noves circumstàncies.

QUINES MESURES PODEM ADOPTAR

Inevitablement, durant les pròximes setmanes esdevindran moltes situacions derivades directament de la pandèmia que estem vivint que implicaran una impossibilitat temporal de compliment dels contractes, en efecte va dominar: el confinament comportarà que les empreses i els negocis romanguin tancats, la qual cosa implicarà problemes de liquiditat en les empreses, que no podran fer front a les seves obligacions de pagament (p. ex. lloguer, subministraments, etc.). Al seu torn, les empreses arrendadores no podran fer front als seus deutes per falta d’ingrés de les rendes i així successivament …

Hem de ser conscients, per tant, que aquesta situació comportarà la necessitat de prendre decisions i accions específiques d’indubtable repercussió jurídica, les quals hauran d’adoptar-se des d’una òptica jurídica multidisciplinària, valorant els efectes que cadascuna d’aquestes accions o omissions poden tenir quant al compliment de les nostres obligacions contractuals, però també en el futur de les nostres relacions amb tercers.

En aquest context, recomanem prendre una sèrie de mesures dirigides a preparar-nos davant aquestes eventualitats:

1. Revisió dels contractes a l’efecte d’examinar si existeix una clàusula de força major i quina conseqüències preveu. En cas afirmatiu, com el més probable és que no s’hagi previst aquesta pandèmia, cal analitzar si la relació de casos previstos en la clàusula contractual com de força major constitueix una mera enumeració *ejemplificativa o oberta (*numerus *apertus) o una llista tancada (numerus clausus), i en aquest cas serà necessari realitzar un estudi exhaustiu del contracte a l’efecte d’interpretar aquesta clàusula amb el conjunt de previsions contractuals.

2. Revisió de les pòlisses d’assegurances per a analitzar l’abast de les cobertures contractades, els procediments i terminis a tenir en compte a l’efecte de comunicar potencials danys, identificar les circumstàncies que agreugen els riscos contractats i els deures que d’això resulten, etc.

3. Adopció de mesures per a mitigar els danys, atès que la força major només opera, segons s’ha comentat, quan s’han esgotat els mitjans per al compliment de les obligacions pactades.

4. Documentar qualsevol acció que s’estigui duent a terme per a mitigar o planificar les conseqüències de la pandèmia.

5. Determinar la llei aplicable a cada contracte, ja que el concepte jurídic de força major i les seves possibles conseqüències legals pot diferir en funció del dret aplicable.

6. Deure de diligència de l’òrgan d’administració, adoptant les mesures precises per a la deguda direcció i control de l’empresa també davant aquesta circumstància, analitzant-se si les accions o omissions que puguin o hagin d’adoptar-se per raó del *COVID-19 i els seus efectes poden ser font de responsabilitat civil (o fins i tot penal).

7. Davant un possible escenari de *litigiosidad, cal anticipar-se i evitar actes propis que resultin de decisions en altres àmbits de l’empresa, decidir la millor forma de *preconstituir prova i mesurar molt bé el tenor dels acords de resolució contractual o transaccionals per a assegurar que cobreixen de manera adequada i suficient a l’empresa enfront de reclamacions de tercers aliens a aquests.

En conclusió, podran donar-se multitud de situacions que requeriran d’una atenció individualitzada, cas per cas, en funció de la mena d’indústria i sota una perspectiva legal, per a examinar acuradament i de manera particular les relacions contractuals existents a l’efecte de trobar una solució acceptable per a totes dues parts.

Des de *ASESORIA FINANCERA ens posem a la seva disposició per a estudiar el seu cas i acompanyar-li en la presa de mesures dirigides a solucionar aquesta situació, oferint-li les solucions més concordes al seu negoci. Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.