Responsabilidad laboral y de seguridad social

Dentro del ámbito laboral, el administrador de sociedad es consciente de que asume responsabilidad en cuanto a la dirección y organización de la empresa, junto al empresario correspondiente.

Sin embargo, en contraposición a otras disciplinas jurídicas, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social no regula, de una forma específica, la forma de exigir responsabilidades a los administradores de las sociedades mercantiles en los casos de impago de deudas laborales o de Seguridad Social, hecho que ha derivado en que los Tribunales apliquen directamente en este ámbito lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

El Administrador social, en razón del desempeño de su cargo como representante y gestor de la sociedad, asume las mismas obligaciones laborales que un empresario personal respecto a sus empleados en materia de contratación, respeto a los derechos laborales básicos, retribución, Seguridad Social, prevención, promoción, formación profesional, información y consulta con los representantes de los trabajadores, negociación, etc.

Cuestión distinta es que el incumplimiento de tales obligaciones comporte su responsabilidad personal por los eventuales daños que pudieran derivarse, lo cual no está previsto, en principio, en la legislación laboral, a diferencia de la legislación societaria, penal y concursal, que sí contemplan la extensión de responsabilidad en determinados supuestos.

La legislación societaria, consagra el principio de que los socios no responden personalmente de las deudas sociales, ya que ello supondría negar la personalidad misma de la sociedad.

La actual Ley de Sociedades de Capital (LSC) fundamenta la responsabilidad del administrador frente a los accionistas y a acreedores sociales del daño causado por los actos que fueren contrarios a la ley, a los estatutos o por los actos realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

“Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.”

En el ámbito laboral, la responsabilidad de los administradores tiene su base en el hecho de que éstos asumen tareas y responsabilidades de dirección y organización junto con el empresario.

Atención. En definitiva, el actual cuadro de responsabilidades y distintas acciones que tienen los socios y acreedores contra el administrador (la acción social, la acción individual, la responsabilidad específica para los supuestos en los que no se insta la disolución o el concurso de la sociedad mercantil, etc.), no es competente para su enjuiciamiento la jurisdicción social.

Administradores de hecho y de derecho

La Ley incluye también entre los responsables de la sociedad no sólo al administrador en sentido estricto (de derecho) sino también al administrador de hecho, que sin figurar como administrador de la sociedad ejecuta y toma las decisiones, como por ejemplo: administrador con cargo caducado; directores generales, apoderados generales y gerentes; representantes personas físicas de administradores personas jurídicas; o testaferros (personas que figuran como administradores únicos, pero que en realidad no ejercen como tales, ya que hay una segunda persona en la sombra que es quien realmente gestiona la sociedad).

En estos casos de duda, es posible promover acciones denominadas de “levantamiento del velo”, que se llevarán a cabo para descubrir quién es realmente la persona que dirige la sociedad.

Responsabilidad en materia de accidentes de trabajo y prevención de riesgos laborales

Hay que tener en cuenta que se atribuye a la jurisdicción social las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquellos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente.

En base al nuevo principio de unidad jurisdiccional en materia de accidentes de trabajo, los Tribunales de lo social son competentes para enjuiciar cualquier demanda que un trabajador dirija contra el administrador, gerente, encargado o cualquier otra personal que entienda que ha sido responsable del accidente acaecido.

Atención. La Ley establece una exigente carga probatoria a cargo del empresario y a los concurrentes en la producción del accidente, en el sentido que deben probar y justificar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. Además, pone de manifiesto que no será elemento exonerador de la responsabilidad que el accidente haya acaecido por culpa no temeraria del trabajador ni que haya respondido al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira.

Responsabilidad por vulneración de derechos fundamentales

Con carácter general se atribuye a la jurisdicción social para la tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas incluida la prohibición de la discriminación y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados a éste por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios.

En definitiva, ello significa, que cuando en una empresa el administrador ha sido el que de forma directa y personal ha incurrido en vulneración de derechos fundamentales contra un trabajador, puede éste exigirle responsabilidades ante los Tribunales de lo social.

Derivación de responsabilidad a los administradores en materia de deudas por cuotas de Seguridad Social

La Ley General de la Seguridad Social (LGSS) dispone, que procede la formulación de actas de liquidación en las deudas por cuotas originadas por derivación de responsabilidad del sujeto obligado al pago, cualquiera que sea su causa y régimen de la Seguridad Social aplicable, y en base a cualquier norma con rango de ley. En consecuencia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede extender actas de liquidación o, en su caso, requerimientos, en materia de cotización a la Seguridad Social, para la exigencia de responsabilidad solidaria a los administradores de sociedades mercantiles, sin necesidad de declaración previa del orden jurisdiccional correspondiente, mediante el procedimiento administrativo establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social que contempla un trámite de audiencia previa al administrador y la eventual adopción de medidas cautelares (embargo preventivo incluido).

A pesar que el art. 15.3 de la LGSS (actual art. 18 LGSS/2015) puede derivar la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones del administrador en materia mercantil, es inviable que la TGSS inicie un procedimiento administrativo directo de derivación tanto para la acción social (art. 238 LSC) como para la individual (art. 241 LSC), tal como ha puesto de relieve la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la TGSS de 12-3-2007, debiéndose acudir a la Jurisdicción Civil.

Sólo cabe la derivación administrativa de los administradores por:

1. Incumplimiento de la obligación de disolución de la sociedad (Criterio técnico nº 89/2011, que interpreta el art. 367 LSC, sobre el incumplimiento de la disolución de la sociedad).
2. Por la doctrina del levantamiento del velo

Recapitulación:

• Como criterio general, sólo la empresa responde de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Excepcionalmente responderá el Administrador en supuestos de la técnica del levantamiento del velo al ser accionista de la sociedad.
• Infracciones administrativas laborales: responde la empresa.

Esquema responsabilidad del administrador:

• Exigir responsabilidad a los Administradores a través de:
• Las acciones previstas en la legislación mercantil (por daños o por responsabilidad objetiva). Competencia de la Jurisdicción Mercantil.
• Del procedimiento de derivación de responsabilidad en el supuesto de deudas con la SS. Competencia de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
• Posible responsabilidad solidaria del empresario y Administrador en supuestos de vulneración de derechos fundamentales y accidentes de trabajo. Competencia de la Jurisdicción Social.
• Posible responsabilidad del administrador por principio de unidad de empresa o levantamiento del velo. Competencia de la jurisdicción social en atención del art. 1.2 del E.T.
• Prescripción: 4 años. Art. 59 E.T. (contratos): 1 año

En el ámbito laboral, la responsabilidad de los administradores tiene su base en el hecho de que éstos asumen tareas y responsabilidades de dirección y organización junto con el empresario.

No duden en contactar con nosotros para cualquier duda o aclaración sobre el particular o sobre cualquier asunto de índole laboral. Estaremos encantados de atenderles.

Responsabilitat laboral i de seguretat social

Dins l’àmbit laboral, l’administrador de societat és conscient que assumeix responsabilitat quant a l’adreça i organització de l’empresa, al costat de l’empresari corresponent.

No obstant això, en contraposició a altres disciplines jurídiques, el Dret del Treball i de la Seguretat Social no regula, d’una forma específica, la forma d’exigir responsabilitats als administradors de les societats mercantils en els casos d’impagament de deutes laborals o de Seguretat Social, fet que ha derivat que els Tribunals apliquin directament en aquest àmbit el que es disposa en la Llei de Societats de Capital.

L’Administrador social, en raó de l’acompliment del seu càrrec com a representant i gestor de la societat, assumeix les mateixes obligacions laborals que un empresari personal respecte als seus empleats en matèria de contractació, respecte als drets laborals bàsics, retribució, Seguretat Social, prevenció, promoció, formació professional, informació i consulta amb els representants dels treballadors, negociació, etc.

Qüestió diferent és que l’incompliment de tals obligacions comporti la seva responsabilitat personal pels eventuals danys que poguessin derivar-se, la qual cosa no està previst, en principi, en la legislació laboral, a diferència de la legislació societària, penal i concursal, que sí contemplen l’extensió de responsabilitat en determinats supòsits.

La legislació societària, consagra el principi que els socis no responen personalment dels deutes socials, ja que això suposaria negar la personalitat mateixa de la societat.

L’actual Llei de Societats de Capital (LSC) fonamenta la responsabilitat de l’administrador enfront dels accionistes i a creditors socials del dany causat pels actes que fossin contraris a la llei, als estatuts o pels actes realitzats incomplint els deures inherents a l’acompliment del càrrec.

“Els administradors respondran enfront de la societat, enfront dels socis i enfront dels creditors socials, del dany que causin per actes o omissions contraris a la llei o als estatuts o pels realitzats incomplint els deures inherents a l’acompliment del càrrec, sempre que hagi intervingut dol o culpa.”

En l’àmbit laboral, la responsabilitat dels administradors té la seva base en el fet que aquests assumeixen tasques i responsabilitats de direcció i organització juntament amb l’empresari.

Atenció. En definitiva, l’actual quadre de responsabilitats i diferents accions que tenen els socis i creditors contra l’administrador (l’acció social, l’acció individual, la responsabilitat específica per als supòsits en els quals no s’insta la dissolució o el concurs de la societat mercantil, etc.), no és competent per al seu enjudiciament la jurisdicció social.

Administradors de fet i de dret

La Llei inclou també entre els responsables de la societat no només a l’administrador en sentit estricte (de dret) sinó també a l’administrador de fet, que sense figurar com a administrador de la societat executa i pren les decisions, com per exemple: administrador amb càrrec caducat; directors generals, apoderats generals i gerents; representants persones físiques d’administradors persones jurídiques; o testaferros (persones que figuren com a administradors únics, però que en realitat no exerceixen com a tals, ja que hi ha una segona persona al darrere que és qui realment gestiona la societat).

En aquests casos de dubte, és possible promoure accions denominades d’ “aixecament del vel”, que es duran a terme per descobrir qui és realment la persona que dirigeix la societat.

Responsabilitat en matèria d’accidents de treball i prevenció de riscos laborals

Cal tenir en compte que s’atribueix a la jurisdicció social les accions que puguin exercitar els treballadors o els seus causahavents contra l’empresari o contra aquells als qui se’ls atribueixi legal, convencional o contractualment responsabilitat, pels danys originats en l’àmbit de la prestació de serveis o que tinguin la seva causa en accidents de treball o malalties professionals, inclosa l’acció directa contra l’asseguradora i sense perjudici de l’acció de repetició que pogués correspondre davant l’ordre competent.

Sobre la base del nou principi d’unitat jurisdiccional en matèria d’accidents de treball, els Tribunals socials són competents per enjudiciar qualsevol demanda que un treballador dirigeixi contra l’administrador, gerent, encarregat o qualsevol altra personal que entengui que ha estat responsable de l’accident esdevingut.

Atenció. La Llei estableix una exigent càrrega probatòria a càrrec de l’empresari i als concurrents en la producció de l’accident, en el sentit que han de provar i justificar l’adopció de les mesures necessàries per prevenir o evitar el risc, així com qualsevol factor excloent o *que minora la seva responsabilitat. A més, posa de manifest que no serà element exonerador de la responsabilitat que l’accident hagi esdevingut per culpa no temerària del treballador ni que hagi respost a l’exercici habitual del treball o a la confiança que aquest inspira.

Responsabilitat per vulneració de drets fonamentals

Amb caràcter general s’atribueix a la jurisdicció social per a la tutela dels drets de llibertat sindical, vaga i altres drets fonamentals i llibertats públiques inclosa la prohibició de la discriminació i l’assetjament, contra l’empresari o tercers vinculats a aquest per qualsevol títol, quan la vulneració al·legada tingui connexió directa amb la prestació de serveis.

En definitiva, això significa, que quan en una empresa l’administrador ha estat el que de forma directa i personal ha incorregut en vulneració de drets fonamentals contra un treballador, pugui aquest exigir-li responsabilitats davant els Tribunals socials.

Derivació de responsabilitat als administradors en matèria de deutes per quotes de Seguretat Social

La Llei General de la Seguretat Social (LGSS) disposa, que procedeix la formulació d’actes de liquidació en els deutes per quotes originades per derivació de responsabilitat del subjecte obligat al pagament, qualsevol que sigui la seva causa i règim de la Seguretat Social aplicable, i sobre la base de qualsevol norma amb rang de llei. En conseqüència, la Inspecció de Treball i Seguretat Social pot estendre actes de liquidació o, si escau, requeriments, en matèria de cotització a la Seguretat Social, per a l’exigència de responsabilitat solidària als administradors de societats mercantils, sense necessitat de declaració prèvia de l’ordre jurisdiccional corresponent, mitjançant el procediment administratiu establert en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social que contempla un tràmit d’audiència prèvia a l’administrador i l’eventual adopció de mesures cautelars (embargament preventiu inclòs).

Malgrat que l’art. 15.3 de la LGSS (actual art. 18 LGSS/2015) pot derivar la responsabilitat per incompliment de les obligacions de l’administrador en matèria mercantil, és inviable que la TGSS iniciï un procediment administratiu directe de derivació tant per a l’acció social (art. 238 LSC) com per a la individual (art. 241 LSC), tal com ha posat en relleu la Sots direcció General d’Ordenació i Impugnacions de la TGSS de 12-3-2007, havent-se d’acudir a la Jurisdicció Civil.

Només cap la derivació administrativa dels administradors per:

1. Incompliment de l’obligació de dissolució de la societat (Criteri tècnic nº 89/2011, que interpreta l’art. 367 LSC, sobre l’incompliment de la dissolució de la societat).
2. Per la doctrina de l’aixecament del vel

Recapitulació:

• Com a criteri general, només l’empresa respon de les obligacions derivades del contracte de treball. Excepcionalment respondrà l’Administrador en supòsits de la tècnica de l’aixecament del vel en ser accionista de la societat.
• Infraccions administratives laborals: respon l’empresa.

Esquema responsabilitat de l’administrador:

• Exigir responsabilitat als Administradors a través de:
• Les accions previstes en la legislació mercantil (per danys o per responsabilitat objectiva). Competència de la Jurisdicció Mercantil.
• Del procediment de derivació de responsabilitat en el supòsit de deutes amb la SS. Competència de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
• Possible responsabilitat solidària de l’empresari i Administrador en supòsits de vulneració de drets fonamentals i accidents de treball. Competència de la Jurisdicció Social.
• Possible responsabilitat de l’administrador per principi d’unitat d’empresa o aixecament del vel. Competència de la jurisdicció social en atenció de l’art. 1.2 de l’E.T.
• Prescripció: 4 anys. Art. 59 E.T. (contractes): 1 any

En l’àmbit laboral, la responsabilitat dels administradors té la seva base en el fet que aquests assumeixen tasques i responsabilitats de direcció i organització juntament amb l’empresari.

No dubtin a contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment sobre el particular o sobre qualsevol assumpte d’índole laboral. Estarem encantats d’atendre’ls.