El pasado 30 de enero se publicó en el BOE el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, aprobándose en su disposición adicional undécima un nuevo régimen sancionador del incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas.

En dicha disposición adicional undécima se establece un marco de colaboración entre la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) que pondrá fin a la actual pasividad en la imposición de sanciones por motivo de depósito extemporáneo de cuentas anuales.

EL RÉGIMEN SANCIONADOR HASTA LA FECHA

Una de las obligaciones que toda sociedad mercantil debe cumplir es la relativa a la aprobación y depósito de sus cuentas anuales en los plazos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. El incumplimiento de dicha obligación acarrea una serie de consecuencias que vemos habitualmente como son la responsabilidad de los administradores o el posible cierre de la hoja registral de la Sociedad.

Actualmente también está previsto un régimen sancionador en la vigente Ley de Sociedades de Capital (LSC). En concreto, el artículo 283 LSC prevé un régimen de imposición de multas a las sociedades mercantiles en caso que el órgano de administración incumpla la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil dentro del plazo establecido (un mes desde la fecha de aprobación de las cuentas anuales por la Junta General).

Asimismo, el artículo 371 del Reglamento del Registro Mercantil establece que dentro del primer mes de cada año, los Registradores Mercantiles remitirán a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antes denominada Dirección General de los Registros y del Notariado y cuyo acrónimo actual es DGSJFP) una relación de las sociedades incumplidoras de la obligación de depósito de las cuentas anuales del ejercicio anterior, a efectos de incoar el correspondiente expediente sancionador mediante traslado de dicha lista al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Pero lo cierto es que a pesar de que nuestra legislación tiene previsto un régimen sancionador, en la práctica se multa una media de tan solo 150 sociedades al año por motivo de no presentación de las Cuentas Anuales cuando son más de dos millones de Sociedades las incumplidoras. Los motivos son básicamente la falta de recursos humanos y económicos del ICAC, así como la carencia de incentivos económicos para acometer con motivación el seguimiento y eventual sanción de las empresas incumplidoras.

Pero esta pasividad por parte del ICAC a la hora de imponer sanciones, parece que ha llegado a su fin con la aprobación del Real Decreto 2/2021, en particular su Disposición Adicional Undécima que pasa a concretar el régimen sancionador previsto en la LSC.

NOVEDADES EN EL RÉGIMEN SANCIONADOR

Las principales novedades que la Disposición Adicional Undécima ha introducido en el régimen sancionador a las sociedades incumplidoras de la obligación de depósito de las cuentas anuales son las siguientes:

1.- Criterios para determinar el importe de la sanción

Actualmente el artículo 283 LSC establece los límites de las sanciones entre 1.200 euros a 60.000 euros y cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros, el límite de la multa para cada año de retraso se eleva a 300.000 euros.

Dentro de estos límites, los criterios para determinar el importe de la sanción de conformidad con el Real Decreto 2/2021 serán los siguientes:

A) La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.

B) En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.

C) En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.

Hay que tener en cuenta que, de conformidad artículo 283.3 LSC, si las cuentas anuales hubiesen sido depositadas con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento.

Por último, el artículo 283.4 LSC prevé que las infracciones por falta de depósito de cuentas prescribirán a los tres años.

2.- Plazo para resolver

El plazo total para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la adopción por el Presidente del ICAC del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo de conformidad con lo establecido en la vigente Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (artículos 22, 23 y 32 ).

3.- Más protagonismo de los Registros Mercantiles

Podrá encomendarse la gestión y la propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores por incumplimiento del deber de depósito de cuentas a los registradores mercantiles del domicilio de la sociedad incumplidora, acordando la DGSJFP y el ICAC los aranceles que como “premio” percibirán los Registradores y Registradoras por esta gestión.

Cabe entender que la obtención de una nueva fuente de ingresos para el Colegio Oficial de Registradores (se estima que puedan llegar a recibir el 50% de la recaudación sancionadora) será un incentivo de peso para la puesta en práctica de estas sanciones por falta de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Esta situación nos lleva a plantearnos qué ocurrirá en el caso de falta de depósito en plazo por motivo de calificaciones negativas de los Registradores y Registradoras por irregularidades formales en las cuentas. ¿Será lícito sancionar en estos casos?

En conclusión y a la vista de todas estas novedades, hay que tomarse muy en serio los plazos de presentación de las cuentas anuales en el registro mercantil dado que el incumplimiento de tal obligación puede suponer un perjuicio económico considerable, dependiendo del volumen de la Sociedad.

Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Núria Fitó Bertran. Abogada

 

El passat 30 de gener es va publicar en el BOE el Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació, aprovant-se en la seva disposició addicional onzena un nou règim sancionador de l’incompliment de l’obligació de dipòsit de comptes.
En aquesta disposició addicional onzena s’estableix un marc de col·laboració entre la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública (DGSJFP) que posarà fi a l’actual passivitat en la imposició de sancions per motiu de dipòsit extemporani de comptes anuals.

 

EL RÈGIM SANCIONADOR FINS AVUI

 

Una de les obligacions que tota societat mercantil ha de complir és la relativa a l’aprovació i dipòsit dels seus comptes anuals en els terminis previstos en la Llei de Societats de Capital. L’incompliment d’aquesta obligació implica una sèrie de conseqüències que veiem habitualment com són la responsabilitat dels administradors o el possible tancament de la fulla registral de la Societat.

Actualment també està previst un règim sancionador en la vigent Llei de Societats de Capital (LSC). En concret, l’article 283 LSC preveu un règim d’imposició de multes a les societats mercantils en cas que l’òrgan d’administració incompleixi l’obligació de dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil dins del termini establert (un mes des de la data d’aprovació dels comptes anuals per la Junta General).

Així mateix, l’article 371 del Reglament del Registre Mercantil estableix que dins del primer mes de cada any, els Registradors Mercantils remetran a la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública (abans denominada Direcció General dels Registres i del Notariat i l’acrònim actual del qual és DGSJFP) una relació de les societats incomplidores de l’obligació de dipòsit dels comptes anuals de l’exercici anterior, a l’efecte d’incoar el corresponent expedient sancionador mitjançant trasllat d’aquesta llista a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

Però la veritat és que malgrat que la nostra legislació té previst un règim sancionador, en la pràctica es multa una mitjana de tan sols 150 societats a l’any per motiu de la no presentació dels Comptes Anuals quan són més de dos milions de Societats les incomplidores. Els motius són bàsicament la falta de recursos humans i econòmics del ICAC, així com la manca d’incentius econòmics per a escometre amb motivació el seguiment i eventual sanció de les empreses incomplidores.

Però aquesta passivitat per part del ICAC a l’hora d’imposar sancions, sembla que ha arribat a la seva fi amb l’aprovació del Reial decret 2/2021, en particular la seva Disposició Addicional Onzena que passa a concretar el règim sancionador previst en la LSC.

 

NOVETATS EN EL RÈGIM SANCIONADOR

Les principals novetats que la Disposició Addicional Onzena ha introduït en el règim sancionador a les societats incomplidores de l’obligació de dipòsit dels comptes anuals són les següents:

 

1.- Criteris per a determinar l’import de la sanció

Actualment l’article 283 LSC estableix els límits de les sancions entre 1.200 euros a 60.000 euros i quan la societat o, en el seu cas, el grup de societats tingui un volum de facturació anual superior a 6.000.000 euros, el límit de la multa per a cada any de retard s’eleva a 300.000 euros.

Dins d’aquests límits, els criteris per a determinar l’import de la sanció de conformitat amb el Reial decret 2/2021 seran els següents:

A) La sanció serà del 0,5 per mil de l’import total de les partides d’actiu, més el 0,5 per mil de la xifra de vendes de l’entitat inclosa en l’última declaració presentada davant l’Administració Tributària, l’original de la qual haurà d’aportar-se en la tramitació del procediment.

B) En cas de no aportar la declaració tributària citada en la lletra anterior, la sanció s’establirà en el 2 per cent del capital social segons els dades que consten en el Registre Mercantil.

C) En cas que s’aporti la declaració tributària, i el resultat d’aplicar els esmentats percentatges a la suma de les partides de l’actiu i vendes fos major que el 2 per cent del capital social, es quantificarà la sanció en aquest últim reduït en un 10 per cent.

Cal tenir en compte que, de conformitat article 283.3 LSC, si els comptes anuals haguessin estat dipositades amb anterioritat a la iniciació del procediment sancionador, la sanció s’imposarà en el seu grau mínim i reduïda en un cinquanta per cent.

Finalment, l’article 283.4 LSC preveu que les infraccions per falta de dipòsit de comptes prescriuran als tres anys.

2.- Termini per a resoldre

El termini total per a resoldre i notificar la resolució en el procediment sancionador serà de sis mesos a comptar des de l’adopció pel President del ICAC de l’acord d’incoació, sense perjudici de la suspensió del procediment i de la possible ampliació d’aquest termini de conformitat amb el que s’estableix en la vigent Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (articles 22, 23 i 32 ).

3.- Més protagonisme dels Registres Mercantils

Podrà encomanar-se la gestió i la proposta de decisió sobre els expedients sancionadors per incompliment del deure de dipòsit de comptes als registradors mercantils del domicili de la societat incomplidora, acordant la DGSJFP i el ICAC els aranzels que com a “premi” percebran els Registradors i Registradores per aquesta gestió.

Cal entendre que l’obtenció d’una nova font d’ingressos per al Col·legi Oficial de Registradors (s’estima que puguin arribar a rebre el 50% de la recaptació sancionadora) serà un incentiu de pes per a la posada en pràctica d’aquestes sancions per falta de dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil.

Aquesta situació ens porta a plantejar-nos què ocorrerà en el cas de falta de dipòsit en termini per motiu de qualificacions negatives dels Registradors i Registradores per irregularitats formals en els comptes. Serà lícit sancionar en aquests casos?

En conclusió i a la vista de totes aquestes novetats, cal prendre’s molt de debò els terminis de presentació dels comptes anuals en el registre mercantil atès que l’incompliment de tal obligació pot suposar un perjudici econòmic considerable, depenent del volum de la societat.

Estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Núria Fitó Bertran. Advocada