Responsabilidad penal de la empresa y de las sociedades mercantiles
I.- Derecho penal corporativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas
Hace ya muchos años que nuestro Ordenamiento Penal viene recogiendo una serie de delitos que se cometen habitualmente por empresas y empresarios y que configuran el llamado Derecho Penal Corporativo o derecho penal económico.
Hasta el año 2010, cuando en el seno de una empresa se cometía un delito (por ejemplo un fraude en el IVA, o un vertido contaminante) nuestro Código Penal castigaba con penas de prisión y/o multa a las personas responsables (socios, administradores o propietarios) y hacía a la sociedad mercantil responsable civil subsidiaria del pago de las sanciones e indemnizaciones.
En el año 2010, y como consecuencia de las Directivas adoptadas por la Comunidad Europea, éste sistema cambió, regulándose en España la llamada Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que viene a añadir a todo lo anterior la necesidad de castigar también a la sociedad mercantil cuando un directivo o empleado comete un delito que de alguna manera la beneficia.
II.- Régimen de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
El Código Penal establece una relación de personas jurídicas que pueden ser penalmente responsables en la que se incluyen todas las Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Asociaciones y Organizaciones empresariales, quedando excluidas aquellas sociedades mercantiles estatales que ejercen políticas públicas o prestan servicios de interés económico general.
Existen dos tipos de comportamientos para que una persona jurídica sea condenada penalmente:
1º.- Que sus administradores cometan un delito que beneficie a la persona jurídica, por ejemplo, un delito fiscal por ocultar ingresos que rebajan la cuota del Impuesto de Sociedades en más de 120.000 euros.
2º.- Que sus directivos, empleados o dependientes cometan un delito que beneficie a la persona jurídica debido a que ésta no ha adoptado las medidas de control necesarias sobre el comportamiento de sus empleados., por ejemplo, que sus empleados realicen vertidos contaminantes en un río para evitarse tener que llevar los residuos hasta una planta de tratamiento los viernes por la tarde.
Cuando nos referimos a “hechos que beneficien a la persona jurídica” estamos hablando en términos amplios, y puede significar tanto un enriquecimiento económico, como un ahorro, una ventaja competitiva, reputacional, un incremento de conocimiento, un mejor posicionamiento en el mercado, o cualquier otra condición análoga.
Las sanciones se pueden imponer a una persona jurídica son variadas y algunas de ellas son de extrema gravedad, pudiendo llegar a suponer el equivalente a la pena de muerte social:
Multa proporcional o por cuotas diarias.
En el caso de multas por cuota diaria pueden oscilar desde los 30 euros mínimo hasta los 5.000 euros diarios, llegando a poderse fijar una sanción límite de 9.000.000 de euros.
En el caso de multas proporcionales deberá fijarse el importe atendiendo al beneficio obtenido con el delito o al perjuicio ocasionado y pueden llegar a varios millones de euros.
Suspensión de actividades hasta por cinco años.
Clausura de locales y establecimientos hasta por cinco años.
Prohibición temporal o definitiva para realizar en el futuro las actividades en cuyo marco se haya cometido el delito.
La inhabilitación para obtener ayudas públicas y subvenciones, beneficios fiscales y contratar con el sector público hasta un plazo de 15 años.
La intervención judicial de la empresa o persona jurídica.
Disolución de la persona jurídica incapacitándola para actuar en el tráfico jurídico o llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita.
Estas sanciones se pueden rebajar sensiblemente mediante cuatro atenuantes previstas en el Código Penal:
Que la persona jurídica denuncie la infracción a las autoridades antes de que éstas la descubran.
Que la persona jurídica colabore en la investigación aportando pruebas decisivas para esclarecer los hechos.
Reparar o disminuir el daño causado por el delito.
Establecer antes del día del juicio medidas eficaces para prevenir que se puedan cometer nuevos delitos en el seno de la persona jurídica (programas de prevención o compliance)
III.- Delitos por los que responderá la Persona Jurídica
El legislador español optó por un sistema denominado “de números clausus”, en que sólo aquellos delitos que expresamente lo establecen pueden conllevar una sanción penal para la persona jurídica. En esta lista encontramos los más frecuentes y conocidos: delitos informáticos, estafas y fraudes, delitos contra la propiedad industrial e intelectual, delitos fiscales y fraudes a la seguridad social, blanqueo de capitales, delitos urbanísticos, cohecho y tráfico de influencias, así como algunos otros menos habituales.
El resto de delitos económicos o corporativos se siguen castigando conforme al sistema anterior al año 2010, es decir, mediante penas de prisión para los autores del hecho y responsabilidad civil para la persona jurídica.
IV.- Especial mención a los delitos cometidos por los directivos, empleados o dependientes
Hemos comentado que la Persona Jurídica responderá de los hechos delictivos que cometan en su seno los directivos, empleados y dependientes siempre que se den dos condiciones:
1º.- Que beneficien a la persona jurídica
2º.- Que se hayan cometido por la falta de medidas de control adecuado a la actividad de los autores, lo que debe prevenirse mediante la implementación de programas de prevención de riesgos penales o compliance.
Por ejemplo, si en un punto de venta de una red comercial de automóviles, unos empleados están ayudando a blanquear dinero mediante la compraventa de coches de lujo, su ánimo no es enriquecer a la compañía, sino enriquecerse ellos, pero indirectamente incrementan el número de compraventas y los beneficios de la compañía, de modo que ésta será también responsable a no ser que hubiera adoptado previamente una serie de procesos de control destinados a prevenir el blanqueo de capitales en su empresa.
V.- Los procesos de prevención de riesgos penales o Compliance como mecanismo de protección de la empresa y de la persona jurídica
Los Compliance son procesos que analizan y detectan riesgos penales dentro de una empresa y establecen reglas de comportamiento con el objetivo de evitar que los administradores, directivos, dependientes y empleados realicen comportamientos que puedan suponer una sanción penal para la empresa.
Estos procesos se elaboran por despachos especializados en derecho penal corporativo y se adaptan a las necesidades y estructura de cada empresa.
Hoy en día son totalmente imprescindibles para todas aquellas empresas que cuenten con una mínima estructura y plantilla laboral.
Francisco Bonatti Bonett
Socio Fundador
Bonatti Defensa Penal
www.bonattidefensapenal.com
@bonattipenal
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I.- Dret penal corporatiu i responsabilitat penal de les persones jurídiques
Ja fa molts anys que el nostre Ordenament Penal recull una sèrie de delictes que es cometen habitualment per empreses i empresaris i que configuren l’anomenat Dret Penal Corporatiu o dret penal econòmic.
Fins a l’any 2010, quan en el si d’una empresa es cometia un delicte (per exemple un frau en l’IVA, o un abocament contaminant) el nostre Codi Penal castigava amb penes de presó i/o multa a les persones responsables (socis, administradors o propietaris) i feia a la societat mercantil responsable civil subsidiària del pagament de les sancions i indemnitzacions.
L’any 2010, i com a conseqüència de les Directives adoptades per la Comunitat Europea, aquest sistema va canviar, regulant-se a Espanya l’anomenada Responsabilitat Penal de les Persones Jurídiques, que afegeix a tot l’anterior la necessitat de castigar també a la societat mercantil quan un directiu o empleat comet un delicte que d’alguna manera la beneficia.
II.- Règim de Responsabilitat Penal de la Persona Jurídica
El Codi Penal estableix una relació de persones jurídiques que poden ser penalment responsables en la qual s’inclouen totes les Societats Mercantils, Fundacions, Associacions i Organitzacions empresarials, quedant excloses aquelles societats mercantils estatals que exerceixen polítiques públiques o presten serveis d’interès econòmic general.
Existeixen dos tipus de comportaments perquè una persona jurídica sigui condemnada penalment:
1º.- Que els seus administradors cometin un delicte que beneficiï a la persona jurídica, per exemple, un delicte fiscal per ocultar ingressos que rebaixen la quota de l’Impost de Societats en més de 120.000 euros.
2º.- Que els seus directius, empleats o depenents cometin un delicte que beneficiï a la persona jurídica a causa que aquesta no ha adoptat les mesures de control necessàries sobre el comportament dels seus empleats, per exemple, que els seus empleats realitzin abocaments contaminants a un riu per evitar-se haver de portar els residus fins a una planta de tractament els divendres a la tarda.
Quan ens referim a “fets que beneficiïn a la persona jurídica” estem parlant en termes amplis, i pot significar tant un enriquiment econòmic, com un estalvi, un avantatge competitiu, reputacional, un increment de coneixement, un millor posicionament al mercat, o qualsevol altra condició anàloga.
Les sancions es poden imposar a una persona jurídica són variades i algunes d’elles són d’extrema gravetat, podent arribar a suposar l’equivalent a la pena de mort social:
Multa proporcional o per quotes diàries.
o En el cas de multes per quota diària poden oscil·lar des dels 30 euros mínim fins als 5.000 euros diaris, arribant a poder-se fixar una sanció límit de 9.000.000 d’euros
o En el cas de multes proporcionals haurà de fixar-se l’import atenent al benefici obtingut amb el delicte o al perjudici ocasionat i poden arribar a diversos milions d’euros.
Suspensió d’activitats fins a per cinc anys.
Clausura de locals i establiments fins a per cinc anys.
Prohibició temporal o definitiva per realitzar en el futur les activitats en el marc de les quals s’hagi comès el delicte.
La inhabilitació per obtenir ajudes públiques i subvencions, beneficis fiscals i contractar amb el sector públic fins a un termini de 15 anys.
La intervenció judicial de l’empresa o persona jurídica.
Dissolució de la persona jurídica incapacitant-la per actuar en el tràfic jurídic o dur a terme qualsevol activitat, encara que sigui lícita.
Aquestes sancions es poden rebaixar sensiblement mitjançant quatre atenuants previstos al Codi Penal:
Que la persona jurídica denunciï la infracció a les autoritats abans que aquestes la descobreixin.
Que la persona jurídica col·labori en la recerca aportant proves decisives per esclarir els fets.
Reparar o disminuir el dany causat pel delicte.
Establir abans del dia del judici mesures eficaces per prevenir que es puguin cometre nous delictes en el si de la persona jurídica (programes de prevenció o compliance)
III.- Delictes pels quals respondrà la Persona Jurídica
El legislador espanyol va optar per un sistema denominat “de nombres clausus”, en què només aquells delictes que expressament ho estableixen poden comportar una sanció penal per a la persona jurídica. En aquesta llista trobem els més freqüents i coneguts: delictes informàtics, estafes i fraus, delictes contra la propietat industrial i intel·lectual, delictes fiscals i fraus a la seguretat social, blanqueig de capitals, delictes urbanístics, suborn i tràfic d’influències, així com alguns altres menys habituals.
La resta de delictes econòmics o corporatius se segueixen castigant conforme al sistema anterior a l’any 2010, és a dir, mitjançant penes de presó per als autors del fet i responsabilitat civil per a la persona jurídica.
IV.- Especial esment als delictes comesos pels directius, empleats o dependents
Hem comentat que la Persona Jurídica respondrà dels fets delictius que cometin en el seu si els directius, empleats i depenents sempre que es donin dues condicions:
1º.-Que beneficiïn a la persona jurídica
2º.- Que s’hagin comès per la falta de mesures de control adequades a l’activitat dels autors, la qual cosa ha de prevenir-se mitjançant la implementació de programes de prevenció de riscos penals o compliance.
Per exemple, si en un punt de venda d’una xarxa comercial d’automòbils, uns empleats estan ajudant a blanquejar diners mitjançant la compravenda de cotxes de luxe, el seu ànim no és enriquir a la companyia, sinó enriquir-se ells, però indirectament incrementen el nombre de compravendes i els beneficis de la companyia, de manera que aquesta serà també responsable tret que hagués adoptat prèviament una sèrie de processos de control destinats a prevenir el blanqueig de capitals en la seva empresa.
V.- Els processos de prevenció de riscos penals o Compliance com a mecanisme de protecció de l’empresa i de la persona jurídica
Els Compliance són processos que analitzen i detecten riscos penals dins d’una empresa i estableixen regles de comportament amb l’objectiu d’evitar que els administradors, directius, depenents i empleats realitzin comportaments que puguin suposar una sanció penal per a l’empresa.
Aquests processos s’elaboren per despatxos especialitzats en dret penal corporatiu i s’adapten a les necessitats i estructura de cada empresa.
Avui dia són totalment imprescindibles per a totes aquelles empreses que comptin amb una mínima estructura i plantilla laboral.
Francisco Bonatti Bonett
Soci Fundador
Bonatti Defensa Pena
I.- Corporate criminal law and the criminal responsibility of legal entities.
For many years now our country’s criminal laws have included a series of offences commonly committed by companies and business people and these make up what has become known as corporate criminal law or economic criminal law.
Until 2010, when a crime was committed inside a company (for example Spanish VAT (IVA) fraud, or dumping polluting waste) our Criminal Code punished those responsible (shareholders, directors and owners) with prison sentences and/or fines and made the company vicariously liable for the payment of the penalties and indemnities.
In 2010, as a result of directives laid down by the European Community, this system changed, and now the Criminal Liability of Legal Entities is regulated in Spain . This added to all the aforementioned the need to also punish the company when a director or employee committed a crime which in some way benefited the company.
II.- Criminal Liability of Legal Entities
The Spanish Criminal Code has drawn up a list of corporate entities which can be criminally liable. Included in this are all companies, foundations, associations and employers organisations, excluding state companies which carry out public policy or provide services of general economic interest.
There are two types of behaviour for which a legal entity can be criminally prosecuted:
1º.- When the directors commit an offence which benefits the legal entity, for example a tax offence of hiding income which lowers the amount of company tax by more than 120,000 euros.
2º.- When the directors, employees or agents commit a crime which benefits the legal entity because it has not taken the necessary control measures over the behaviour of their employees, for example, when their employees dump polluting waste into a river on a Friday afternoon to save having to take it to a treatment plant
When we refer to “acts which benefit the legal entity” we are speaking in very broad terms, and this could mean not only economic enrichment but also financial saving, gaining competitive advantage, enhanced reputation, increased knowledge, better market positioning, or any other similar conditions
The sanctions which can be imposed on a legal entity are varied and some of them are extremely tough, leading to what is virtually the equivalent of a social death penalty:
Fines: proportional or calculated on a daily basis.
o In the case of fines calculated on a daily basis these could range from the minimum fine of 30 euros to one of 5,000 euros a day, and could run to a maximum fine of 9,000,000 euros.
o In the case of proportional fines, the amount must be set bearing in mind the profit obtained from the offence, or the damage caused, and could run to several million euros.
Suspension of business activities for up to five years
Closure of premises and establishments for up to five years
Temporary or permanent ban on future business activity in the field the crime was committed in.
Ban from obtaining public aid and grants, tax benefits and contracting with the public sector for a period of up to 15 years.
The legalintervention of the company or legal entity.
- Dissolution of the legal entity disqualifying it from acting in any legal capacity or carrying out any business activity, even lawful.
These sanctions may be considerably lowered by four mitigating circumstances included in the Spanish Criminal Code:
That the legal entity discloses the breach to the authorities before they themselves discover it.
That the legal entity collaborates in the investigation providing decisive proof in order to clarify the facts.
Repair or reduce the damage caused by the offence.
Put in place efficient measures to prevente new crimes being committed inside the legal entity (prevention or complianceprogrammes) before the day of the trial
III.- Offences which the legal entity is liable for
The Spansh legislator opted for a so called “numerus clausus”, whereby only those crimes which are expressly stated carry a criminal sanction for a legal entity. In this list we find the most frequent and well known: computer crime, fraud and embezzlement, crime against industrial and intellectual property, tax crime and social security fraud, money laundering, urban planning offences, bribery and illegal lobbying, as well as other less common offences.
The remaining economic or corporate offences will continue to be punished in compliance with the system in existence prior to 2010, that is to say, with prison sentences for the authors of the unlawful act and civil liability for the legal entity.
IV.-Special mention for offences committed by directors, employees or agents.
We have mentioned that the legal entity will be liable for those inside offences committed by its directors, employees and agents so long as the following conditions are present:
1º.- That they benefit the legal entity
2º.- That they were committed because of a lack of adequate control measures over the work of the authors, which should be prevented by implementing criminal risk prevention programmes or compliance.
For example, if at a car dealership employees are helping to launder money by buying and selling luxury cars, their incentive is to enrich themselves, not the company. However, as they indirectly increase the number of sales and company profits, the company would also be liable, unless it had previously adopted a series of monitoring procedures aimed at preventing money laundering in the company.
V.- Procedures of criminal risk prevention or compliance as a protection mechanism for the company and the legal entity
Corporate compliance are procedures which analyse and detect criminal risk inside a company and establish rules of behaviour with the aim of preventing the directors, agents and employees from behaving in a way which could lead to a criminal sanction for the company.
These procedures are carried out by legal firms specialising in corporate criminal law and are adapted to the needs and structure of each company.
In today’s world they are absolutely essential for all companies with a minimal structure and staff.
Francisco Bonatti Bonett
¡Founding Partner
Bonatti Defensa Penal
