En el derecho civil catalán existe una figura jurídica poco conocida pero cada vez más relevante, que es la relación de convivencia de ayuda mutua, regulada en el Libro Segundo del Código Civil de Cataluña.

Esta institución permite reconocer jurídicamente situaciones en las que varias personas conviven de manera estable y se prestan apoyo personal o económico, aunque no exista entre ellas una relación de pareja o de matrimonio.

Se trata de una herramienta jurídica especialmente útil en modelos de convivencia cada vez más frecuentes: hermanos que viven juntos, familiares que comparten vivienda para ayudarse mutuamente o incluso personas sin vínculo familiar que deciden organizar su vida en común.

¿Qué es la relación de convivencia de ayuda mutua?

La relación convivencial de ayuda mutua es una forma de organización de la convivencia entre dos o más personas (hasta un máximo de cuatro si no son parientes), que pueden tener o no vínculo familiar entre ellas, y basada en tres elementos esenciales:

• Convivencia estable en una misma vivienda.
• Ayuda mutua entre las personas convivientes, que puede ser personal, económica o doméstica.
• Voluntad de permanencia, es decir, que no se trate de una convivencia ocasional o temporal.

El objetivo del legislador catalán al regular esta figura fue reconocer jurídicamente formas de convivencia distintas a la pareja o la familia tradicional, pero que en la práctica funcionan como una pequeña comunidad de apoyo.

Requisitos para que exista la relación

El Código Civil de Cataluña establece que la relación convivencial de ayuda mutua puede constituirse de dos maneras:

1. Por el transcurso del tiempo

La relación se considera constituida cuando la convivencia y la ayuda mutua se han mantenido durante al menos dos años.

En este caso, la relación existe jurídicamente, aunque nunca se haya formalizado ante notario. Sin embargo, si en algún momento es necesario acreditarla (por ejemplo ante la Administración), será necesario aportar pruebas de dicha convivencia.

2. Mediante escritura pública

Las personas convivientes pueden formalizar la relación mediante escritura pública ante notario. En este documento se declara la existencia de la convivencia y se regulan, si se desea, determinados aspectos de la organización interna del grupo convivencial.

La escritura no es obligatoria, pero suele ser recomendable porque facilita la prueba de la relación en el futuro.

Cómo acreditar la convivencia

En caso de no haberse formalizado la relación mediante escritura pública, cuando se pretende demostrar la existencia de una relación de convivencia de ayuda mutua —por ejemplo en un procedimiento administrativo o fiscal— se suelen utilizar distintos medios de prueba, entre ellos:

• Certificado histórico de empadronamiento conjunto
• Contrato de vivienda o titularidad compartida
• Recibos de suministros del domicilio
• Documentación que acredite gastos comunes
• Declaraciones de testigos

En algunos casos, cuando la convivencia ya existe desde hace años, pero no se formalizó en su momento, se puede otorgar una acta notarial de notoriedad para acreditar que la relación lleva vigente más de dos años.

Ventajas en el ámbito laboral

Una de las utilidades prácticas de esta figura aparece en el ámbito laboral. Determinadas normas laborales y convenios colectivos reconocen derechos similares a los familiares cuando existe convivencia acreditada.

Entre los efectos más relevantes pueden encontrarse:

• Permisos laborales por enfermedad o fallecimiento de una persona conviviente.
• Posibilidad de justificar determinadas ausencias laborales relacionadas con el cuidado o asistencia de la persona conviviente.
• Reconocimiento de situaciones de dependencia o apoyo dentro de la unidad convivencial.

Aunque estos efectos dependen en parte de la normativa aplicable y del convenio colectivo correspondiente, el reconocimiento jurídico de la convivencia facilita acreditar la existencia de una relación de apoyo real.

Ventajas fiscales

Donde esta figura puede tener un impacto especialmente significativo es en el ámbito fiscal, particularmente en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Cataluña.

En este contexto, la acreditación de una relación de convivencia de ayuda mutua puede permitir aplicar beneficios fiscales más favorables que los que corresponderían por parentescos más lejanos.

Uno de los supuestos más habituales es el de herencias entre hermanos. Fiscalmente, los hermanos se encuentran en un grupo de parentesco con reducciones bastante limitadas. Sin embargo, cuando se acredita que han convivido en una relación de ayuda mutua durante el tiempo exigido, pueden acceder a reducciones fiscales adicionales previstas en la normativa catalana.

Además, cuando las personas convivientes comparten la vivienda habitual, pueden concurrir otras ventajas fiscales relevantes, como las reducciones aplicables a la adquisición de la vivienda del causante.

En la práctica, la diferencia fiscal entre heredar como simple hermano o como persona conviviente en una relación de ayuda mutua puede ser muy significativa.

Una figura jurídica cada vez más relevante

La relación de convivencia de ayuda mutua refleja la evolución de la sociedad y la diversidad de formas de convivencia existentes hoy en día. Muchas personas organizan su vida cotidiana fuera de los modelos familiares tradicionales, pero mantienen relaciones de apoyo estables que merecen reconocimiento jurídico.

Formalizar o poder acreditar esta relación puede tener efectos importantes en ámbitos tan diversos como el laboral, el asistencial o el fiscal.

Por ello, en situaciones de convivencia prolongada —especialmente entre familiares que comparten vivienda— puede ser conveniente analizar si esta figura jurídica resulta aplicable y si conviene documentarla adecuadamente para evitar dificultades en el futuro.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto. Un cordial saludo.